Las Normas Sustantivas tampoco llevarán los servicios a Los Llanos

Las seis alegaciones que Ayuntamiento y Junta de Andalucía han decidido incluir en el documento de las Normas Sustantivas, que ordenará urbanísticamente la ciudad hasta que exista un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dejan fuera una de las reclamaciones que más se repiten en las 2.242 alegaciones presentadas por los vecinos de Chiclana al documento.

Se trata de suprimir la especial protección de los suelos, que afecta fundamentalmente a Los Llanos y Pago Melilla. De esta manera, quedan como no urbanizables, en lugar de no urbanizables de especial protección. Los habitantes de estas zonas podrían acogerse al decreto del 10 de enero de la Junta de Andalucía, por el cual podrían acceder a los servicios básicos de luz y agua.

Por el momento, esta expectativa no podrá hacerse efectiva en los dos años de vigencia máxima de las Normas Sustantivas, a pesar de que, tal como manifiestan los vecinos de Los Llanos en sus alegaciones, se han invertido 450.000 euros en la instalación de una acometida eléctrica que ya está completamente terminada.

En este sentido, desde la Plataforma de Afectados por la Regularización Urbanística, han expresado que mantener este suelo como no urbanizable especialmente protegido «no es normal a estas alturas». El presidente, Joaquín González, señaló que aunque «hay tanta desinformación respecto al tema, que no podemos valorarlo completamente», la primera impresión es que se trata de «un jarro de agua fría para cientos de familias».

La plataforma espera conocer los pormenores de las Normas Sustantivas en una reunión prevista para esta misma mañana con la Delegada de Urbanismo en la Gerencia, la primera -dicen- desde el pacto de gobierno. Será mañana cuando debatan el asunto de forma interna en un encuentro en la Venta El Florín a las siete de la tarde.

No obstante, González expresó que la actuación de Urbanismo con este asunto «deja mucho que desear», añadiendo que no comprenden «cómo se hacen las cosas corriendo después de la llamada telefónica de la Secretaría General de Ordenación del Territorio de la Junta. No sabemos donde está la seriedad».

En cualquier caso, el presidente de la plataforma de Afectados por la Regularización Urbanística recalcó que aunque tengan una vigencia máxima de dos meses, «debería ser un proceso lo más transitorio posible para que en tres meses dispongamos de un nuevo PGOU».