Una ciudad con una convulsa vida política marcada por la Justicia

Pedro Pacheco no es el único dirigente o exdirigente político que está en el ojo del huracán judicial. A Pilar Sánchez también se le han llegado a acumular los frentes judiciales. De algunos, como la denuncia de la concesionaria de calas Imesapi, llegó a salir airosa, y en el caso de los asesores por ahora el viento sopla a su favor después de que la fiscal haya pedido el archivo de la causa al entender que no hay delito.

Sin embargo, el conocido como caso el PTA se le ha complicado. Cabe recordar que fue el PSA el que puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción posibles irregularidades en las ayudas a las empresas Tecnología Innovación Sanitaria S.L. y a Bornay Dessert para comprar suelo en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA). Algo que Anticorrupción ha denunciado ante el juzgado, tras observar indicios de que esto pudiera haber sido así. En el escrito a la Fiscalía, la formación andalucista recordaba que la Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) concedió subvenciones a dos empresas: Bornay Dessert, en agosto de 2007 por importe de 854.352 euros; y en enero de 2008 a la citada Tecnología Innovación Sanitaria, firma de un destacado miembro del PSOE, por importe de 244.720 euros.

Señalaba que «ambas subvenciones fueron concedidas en virtud de dos resoluciones de Pilar Sánchez como presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad». En virtud de las mismas, «las mencionadas entidades obtuvieron una subvención según la cual el precio de compra de los terrenos adquiridos en el PTA se vio reducido en un 40%, sin necesidad de más trámite».

La lista de nombres del anterior gobierno socialista que están imputados y han pasado a declarar por los juzgados jerezanos es extensa: la mencionada Pilar Sánchez, y los exdelegados municipales Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez; antiguos altos cargos del Instituto de Promoción de la Ciudad y de la Delegación de Medio Rural; un técnico y cuatro responsables de las dos empresas que presuntamente se vieron favorecidas por los hechos que se juzgan. Sin olvidar a Juan Carlos Jiménez, marido de la exalcaldesa y exjefe de su gabinete.

En cuanto al caso de los asesores que enfrenta a Sánchez con Pacheco, la última palabra en el caso de la exregidora la tiene la Audiencia Provincial. La Fiscalía Anticorrupción, como es sabido, apuesta por el archivo de las actuaciones por falta de pruebas. Sin embargo, la magistrada del juzgado de Instrucción nº 3 de Jerez no lo ve así y rechazó el recurso del Ministerio Público contra su auto de procesamiento. Por último el fiscal ha vuelto a recurrir en apelación para que la Audiencia Provincial resuelva. El último capítulo todavía no ha sido escrito.