Los vecinos de la Pescadería amenazan con frenar el puente

Los propietarios de las viviendas de la Pescadería demandarán al Ayuntamiento por haber causado destrozos en su plaza privada con el derribo de los dos edificios de enfrente. Se trata de los dos primeros bloques que fueron expropiados para hacer la gran plaza pública donde desembocará el futuro puente sobre el río Guadalete. Los vecinos critican que la administración municipal ni siquiera les consultó antes de proceder a la demolición y le acusan de haber vulnerado la normativa de comunidades de bienes. Del mismo modo amenazan con no acceder a la expropiación de sus pisos, lo cual entorpecería el camino de la empresa municipal Impulsa para levantar el puente.

Se trata de uno de los proyectos bandera del gobierno de Enrique Moresco, actualmente en trámites burocráticos. Su diseño recoge la desaparición de estos dos edificios que dan a la avenida Micaela Aramburu para que la vista desde el puente sean el Resbaladero y el Castillo de Alfonso X.

Pero los treinta y ocho propietarios, muy molestos por lo sucedido con el derribo, no están por la labor. A la petición de indemnizaciones por daños y prejuicios, sumarán que su patio, donde está previsto hacerse un 'parking' provisional, vuelva a su estado original. El representante legal de la vecindad, Luis Alfonso Pérez Nogués, explicó que hace unos tres meses meses llegaron a un acuerdo con el alcalde mediante el cual éste se comprometió a hacerles entrega de un proyecto para hacer un 'parking' público y otro privado, para uso de los vecinos, en el solar. Se trata de una medida provisional para aprovechar ese espacio que da a la avenida de la Bajamar y mantenerlo en buen estado hasta que se avance en el proceso de expropiación de los bloques restantes. Pérez Nogués aseguró que varias semanas después le solicitó dicho proyecto al concejal de Mantenimiento Urbano, Damián Bornes, pero éste se negó a entregárselo y puso en duda que él fuera el representante legal de los propietarios.

De hecho, desde el Ayuntamiento mantienen esta postura y señalan que la persona que dice ser representante aún no se ha acreditado oficialmente como tal y que algunos vecinos no se muestran de acuerdo con él. Así, de no poder llegar a un consenso, el planteamiento del gobierno local pasará por iniciar la segregación legal de la zona común de la propiedad, para que cada parte pueda actuar de forma separada en su espacio.

Pero al margen de que se establezca o no una negociación, Pérez Nogués mantiene la intención de los vecinos en demandar al Ayuntamiento. «Con el afán de vender el proyecto del puente sobre el río realizaron la demolición de los dos bloques de viviendas y el antiguo edificio de la cofradía de pescadores sin consultarnos a nosotros. Tuvieron una actitud prepotente y no nos pidieron disculpas tras dejar nuestra plaza reventada. En verano ha funcionado como 'parking' con muchas molestias para los vecinos, y ahora queremos que vuelvan a dejarla como estaba».

Luis Alfonso fue más allá y aseguró que los propietarios no permitirán que Impulsa construya el puente sobre el Guadalete. «Se trata de una propiedad pro indiviso, y basta con que uno de nosotros se niegue a firmar, para que no se pueda hacer nada. Para que nos vayamos de allí tendrán que expropiarnos, y estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Supremo si es necesario».