PEDRO PACHECO

El fiscal pide un porrón de años de prisión y más del doble de inhabilitación para Pedro Pacheco por la contratación de dos asesores -José López y Manuel Cobacho- cuando estaba al frente del área de Urbanismo del Ayuntamiento jerezano. Bueno, realmente, tal como se apresuró a matizar el PSOE poco después de conocerse la noticia, la acusación es por pagarles unas cantidades sin que supuestamente estuviesen contratados. Un lío, vamos. En rueda de prensa, el propio exalcalde explicó que le acusa de nada menos que nueve delitos en total: tres de ellos por malversación de caudales públicos, tres por falsedad documental y otros tres por prevaricación. En total, le pide algo más de 22 años de cárcel y 59 de inhabilitación a causa de una denuncia que presentó contra él la exalcaldesa socialista, Pilar Sánchez. Que se dice pronto. Y, qué quieren que les diga, pero esto último añade un punto importante de morbo al asunto por razones obvias, porque de sobra es conocida la profunda enemistad que se profesan mutuamente.

Mi apuesta es que Pacheco no irá a la cárcel por esta cuestión. No sé si es culpable de los delitos de los que se le acusa -para eso está, lógicamente, el juez- pero a bote pronto parece que el Ministerio Fiscal se ha pasado tres pueblos. Se antoja totalmente desproporcionada la pena que pide. Casi tanto como fuera de lugar el comentario del exalcalde al preguntar en voz alta qué pensarían los padres de Marta del Castillo si comparaban las condenas que se manejan en el caso de su hija con las del suyo.

En cualquier caso, no creo que hace falta decir que Pedro Pacheco debe pagar si realmente cometió un delito, como cualquier hijo de vecino. Eso está claro. Que pague lo que justamente le corresponda, igual que debería ser absuelto con todas las consecuencias si se demuestra que no cometió ninguna ilegalidad. Algo que debe extenderse a otras figuras políticas de esta ciudad que se han viso también envueltas en otros casos que han acabado últimamente en los juzgados. Insisto, sin excepción.

Pero, más allá de todo eso, todo esto viene a confirmar que la judicialización de la política sigue marcando en buena medida la actualidad local. Y eso es algo que no beneficia absolutamente a nadie. Ni a unos ni a otros. Porque conviene recordar que el caso de Pacheco surgió a raíz de una denuncia de Pilar Sánchez, a lo que el exalcalde respondió denunciándola a ella por la posible contratación irregular de más de una veintena de asesores.

La imagen que se proyecta a la ciudadanía no es precisamente la mejor. La que sale perdiendo es la actividad política, cada día más manchada, cuestionada y falta de credibilidad.