¿Qué pasará con esta ciudad?

El próximo 11 de junio Chiclana asistirá a la investidura de, posiblemente, el alcalde más importante que tenga la ciudad en su historia reciente. Y será más importante, Ernesto Marín (PP) o José María Román (PSOE), porque uno de los dos será el líder de un equipo de gobierno que deberá decidir el futuro de proyectos y actuaciones emblemáticas para la Chiclana del siglo XXI.

Algunos de esos proyectos que estarán sujetos a la opinión del partido político que gobierne están en la mente de todos. El principal es el tranvía metropolitano, al que el Partido Popular se ha opuesto en su recorrido planteado por la Junta.

Si Marín gobierna en coalición con el Partido Vecinal los próximos años, esta infraestructura, tal y como se plantea actualmente, podría sufrir su golpe de gracia.

Por lo demás, otras actuaciones como la Ronda Oeste, la culminación del nuevo Plan General de Ordenación, el mantenimiento del Plan de Empleo Local, el futuro diseño de Sancti Petri, o incluso el coste de la regularización, podrían ser diferentes en función de si gobierna uno u otro partido.

En el caso del antiguo poblado almadrabero el diseño que plantea el PP es radicalmente distinto al que han esbozado en los últimos años los socialistas. Además, Marín y los suyos aspiran a poner en marcha una red de museos por la ciudad, y aseguran que la imagen de Chiclana recuperará «el esplendor perdido» de manos de su gestión.

Los socialistas, sin embargo, defienden las actuaciones impulsadas bajo su mandato en los últimos dos años y medio. Entre ellos ha estado el Ples, un plan especial de ayuda a parados, que ha contado con las críticas populares por su arbitrariedad, y cuyo oscurantismo ha acabado en los juzgados.

Por si fuera poco, en el colmo del morbo, los propietarios de viviendas ilegales del extrarradio serán la llave que dará el gobierno a una u otra sigla. Y ello conllevará cesiones del PP o del PSOE. La principal será, según pide el Partido Vecinal para cerrar un acuerdo en estos días, derogar las actuales ordenanzas y una rebaja sustancial en los costes del proceso de regularización.