Polémica hasta en la cesión de la sede

La polémica ha rodeado a Qualytel desde que se instaló en Jerez de la Frontera. La primera se produjo cuando la empresa decidió instalarse en esa ciudad en lugar de en Puerto Real. De hecho, el alcalde de este municipio, José Antonio Barroso (IU) acusó en 2005 al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, de haber intercedido para que Qualytel se instalara en Jerez, en cuyo Ayuntamiento ya se encontraba al frente su compañera de partido Pilar Sánchez. La segunda polémica en que se vio envuelta la empresa fue la cesión, por parte del Ayuntamiento jerezano, de la antigua Facultad de Derecho para que Qualytel instalase allí sus oficinas. Ante este hecho, la oposición municipal denunció que la compañía había iniciado obras ilegales en la Facultad y que el PGOU de la ciudad no autorizaba la implantación de aquella en el inmueble. Para subsanar eso, el Ayuntamiento dijo haber celebrado un pleno para ampliar el uso investigador, inicialmente previsto para el inmueble, a otras actividades «propias del sector de las telecomunicaciones». El PP denunció y demostró que ese pleno nunca se celebró.