Médicos de la provincia piden asesoramiento legal para evitar intervenir en abortos

Por razones morales o simplemente por falta de concreción de la norma. La cuestión es que la nueva Ley del aborto continúa generando malestar entre los facultativos y la mejor muestra de ello son las llamadas diarias que recibe la asesoría jurídica del Colegio Médico. Preguntan sobre las consecuencias que tiene el negarse a practicar un aborto dentro del sistema público, si los propios centros pueden obligarlos o si la objeción de conciencia les exime incluso de proporcionar información para la interrupción voluntaria.

Muchos consideran que la nueva norma atenta contra sus principios éticos, pero también les preocupa que aún no se haya redactado el reglamento para su aplicación. Se trata de las instrucciones concretas para el desarrollo de la ley, una queja a la que también se suman las propias clínicas que los practican.

El órgano gaditano ya dispone de un registro de objetores al que puede acogerse cualquier colegiado y, por lo pronto, ya cuenta con más de una docena de notificaciones. La mayoría se han registrado en los últimos meses -desde la entrada en vigor del decreto-, según confirma su presidente, Miguel Morgado. «Son fundamentalmente anestesistas y ginecólogos -explica-, pero he visto una preocupación grande entre los médicos de familia, que son los que tienen que derivar a las pacientes». El responsable del órgano recalca que desde que se dieron a conocer los cambios las llamadas no han cesado, llegando a contabilizarse por decenas diarias.

En este caso, los centros de salud cuentan con el servicio de planificación familiar y es allí directamente donde se atiende a las usuarias, pero eso no evita la incertidumbre. «La administración se da mucha prisa para sacar nuevas leyes, pero se duerme a la hora de acordar las instrucciones para su cumplimiento, el profesional siente ahora que todo el peso recae sobre él, especialmente cuando se trata de menores», lamenta el doctor Morgado.

El registro gaditano está en vigor desde hace dos años, se creó no sólo para los objetores del aborto, sino para cualquier práctica que se considere un atentado contra la vida. Entonces el debate era la ley de muerte digna y la eutanasia. Superado aquello, ahora se centra en la interrupción del embarazo y es cuando está calando entre los profesionales.

«Desde la atención primaria se da información a las usuarias y se hacen las derivaciones y hay médicos que no quieren participar en el proceso ni siquiera de esa manera. Hay que respetar también su derecho», aclara Morgado.

Lo mismo en toda Andalucía

La mayor parte de colegios profesionales cuentan ya con un registro de este tipo. El Consejo Médico Andaluz también creó el suyo y en sólo tres meses acumula 200 adhesiones. La validez jurídica del mismo no está clara del todo. El órgano colegial considera que en ellos descansa la libertad de los profesionales para el desarrollo de su trabajo y preservar los requisitos jurisprudenciales de la objeción de conciencia. La consejera de Salud, María Jesús Montero, volvió a reiterar hace un par de semanas que no tiene ningún valor y advirtió de que «con este tipo de medidas se juega a la confusión porque los médicos del sistema público no realizan interrupciones, sino que se derivan a clínicas concertadas».