Las relaciones entre la extinta GMU y la constructora, en el punto de mira

El caso Jerecom forma parte de la segunda denuncia de la Fiscalía Anticorrupción a raíz del extenso informe remitido por Pilar Sánchez al Ministerio Público para investigar la gestión de Pedro Pacheco. En esta ocasión, las sospechas se centran en la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y sus relaciones contractuales con varias constructoras de la ciudad pertenecientes a la familia Grimaldi. La Fiscalía denunció, en su día, a dos técnicos municipales vinculados a la GMU y tres empresarios relacionados con las constructoras, que recibieron encargos de la Gerencia para ejecutar obras menores en la ciudad.

Los delitos que les imputan son los de malversación de caudales públicos y falsedad continuada. De este modo, se pone en tela de juicio el pago de determinados trabajos a Jerecom y sus empresas filiales en distintos puntos de la ciudad, aportándose diversas pruebas como facturas duplicadas y entregas de dinero por obras que no se llegaron a realizar.

Aunque el periodo que se investiga es más amplio, ahora las pesquisas se centran en la primavera del año 2007, justo antes de la ruptura del pacto PSOE-PSA. En el informe de Anticorrupción, aparecía también en un principio el ex delegado de Planes Especiales de las Zonas Norte y Sur, Antonio Sánchez, alejado desde hace años de la actividad política.

Los trabajos adjudicados por la extinta GMU corresponden a más de medio centenar de obras en las zonas norte y sur de muy escasa cuantía, que suman unos 91.000 euros en total. Este matiz es importante porque se trata de trabajos que al tener pequeños importes (las obras se fraccionaban) se libraban de ser adjudicados mediante un concurso público y lo hacían supuestamente a dedo.

Por otro lado, los acreedores de Jerecom también decidieron denunciar a los tres últimos alcaldes y al actual delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol.