El boicot de la plantilla municipal obliga a suspender la inaguración del Alcázar

El objetivo de los manifestantes era hacerse notar y lo lograron con creces. Tanto es así que consiguieron alterar ayer la agenda de la alcaldesa, que tenía prevista la inauguración de las obras de ampliación del Alcázar y decidió suspenderla, ante la amenaza de boicot de los sindicatos. CGT, CSIF y SIP, apoyados por la Asociación de Técnicos Municipales, protagonizaron una de las protestas más encendidas de un mes en el que día tras día se han manifestado a las puertas del Ayuntamiento en demanda del cobro íntegro de las nóminas de la plantilla de éste.

A pesar de que ayer el Consistorio desembolsó otros 800.000 euros, con lo que se pagó la totalidad de los sueldos de 703 empleados municipales, los sindicatos no cejaron en su empeño e hicieron todo el ruido que les fue posible ante el edificio público, tras lo que amenazaron con boicotear el acto de reapertura de la zona visitable del Alcázar.

Sus advertencias tuvieron un efecto inmediato, pues menos de una hora después la Administración local anunciaba, a través de un comunicado, que aplazaba el evento que iba a estar protagonizado no sólo por la alcaldesa, Pilar Sánchez, sino también por el delegado provincial de Turismo, Manuel González Piñero. Cuestión de cobardía o de pragmatismo político, lo cierto es que el escrito municipal no dejaba lugar a dudas: «El acto ha quedado suspendido y aplazado ante la amenaza de los sindicatos, con el consiguiente daño que ello provocaría en una inauguración de enorme importancia para el desarrollo de los recursos turísticos de la ciudad».

En esta explicación, el Ayuntamiento no se andaba con ambages y culpaba directamente a CGT y al SIP de crear un ambiente de crispación que «no es el más propicio para los que tienen que promocionar y vender el destino Jerez». Y es que ambas organizaciones provocaron un ruido ensordecedor en la puerta consistorial desde primera hora de la mañana, con petardos, pitos y gritos en los que increpaban duramente a la primera regidora jerezana con calificativos como «embustera» y «traidora», e incluso a su marido y antiguo jefe de gabinete, cuyo nombre aparecía impreso en las camisetas de algunos miembros del SIP bajo los adjetivos de «enchufado» y «traidor».

En medio de todo ese ambiente, del que participaron unas 200 personas, el portavoz de CGT, José García, se dirigió a los congregados recordando las «promesas incumplidas» de Pilar Sánchez en lo que al abono de las nóminas se refiere. «Prometió que entre el jueves y el viernes iba a pagar algo -cabe recordar que hasta el momento sólo se habían liquidado 1.000 euros por trabajador-. El jueves no ingresó nada y hoy (por ayer) si acaso cumplirá con 300 ó 400 euros, por lo que nosotros seguiremos el lunes con las protestas».

Polémica con los periodistas

García aludió a la ausencia del resto de sindicatos en las movilizaciones (CC OO, UGT y CTP), argumentando que es la alcaldesa la que persigue el desencuentro entre las organizaciones. A pesar de ello, aseguró que estos compañeros «serán recibidos con una fuerte ovación» y les tendió una vez más la mano. El portavoz de CGT tampoco quiso dejar escapar la ocasión para referirse a un incidente ocurrido en el Ayuntamiento el pasado jueves, cuando varios periodistas fueron invitados a abandonar las instalaciones municipales mientras esperaban a los sindicalistas, que habían ido a solicitar una reunión con Sánchez.

El trabajador tachó de «auténtica vergüenza» lo sucedido, algo a lo que con posterioridad se sumaron CC OO y UGT, que criticaron este comportamiento subrayando que supone una vulneración del Derecho a la Información y un claro impedimento para que los profesionales ejerciten su labor dignamente. Como si no fuera suficiente lo ocurrido, ayer los sindicalistas tuvieron la intención de volver a entrar en el Consistorio para exigir que la primera edil les recibiera, pero esta vez acompañados de los periodistas que habían acudido a cubrir la protesta, en señal de solidaridad.

Sin embargo, cuál fue su sorpresa cuando se toparon con los agentes que vigilan la puerta y que directamente impidieron el paso a todos. Ante este nuevo revés, la Asociación de la Prensa envió ayer un comunicado en el que destacaba que «no es de recibo ni tiene justificación» que la Policía Local «no haya respetado» el trabajo de los medios de comunicación y se les haya impedido el acceso a unas dependencias a las que acuden con asiduidad para realizar su labor.

Según el colectivo, las supuestas razones de este despropósito carecen de fundamento, al tiempo que vulneran un derecho fundamental recogido en la Constitución, por lo que la directiva remitirá una carta a la alcaldesa pidiéndole explicaciones de lo sucedido. Otra de las intervenciones de la jornada fue la del portavoz de la ATM, Javier Valle, cuyas palabras resultaron cuanto menos alarmistas al vaticinar que «como todo siga igual, en poco tiempo la actividad en el Ayuntamiento se verá paralizada».

Según el técnico, ya se han prohibido las horas extra y con ello se suspenderán diversas tareas municipales, algo que no hará sino empeorar como no se tomen medidas drásticas. «Si el equipo de gobierno no sabe o no puede encontrar soluciones y tiene que intervenir la Junta de Andalucía, que lo haga. Además, la normativa vigente dice que ningún proveedor cobrará mientras se deba un solo euro a los trabajadores, así que los proveedores también nos acompañarán en esta lucha».

Alfonso Lozano, representante del sindicato policial (SIP), fue el último en intervenir para reivindicar la unión de todos los afectados y que batallen de forma conjunta por defender sus intereses. «La situación es muy grave -apostilló-. Nosotros ya tenemos compañeros que están pidiendo dinero a las familias y que no pueden hacer frente a sus hipotecas, y eso no puede suceder».

Para colmo de males, ayer CC OO anunciaba que la plantilla de Limasa (servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales) no había cobrado la nómina de junio ni tampoco la paga extra, por lo que están organizando nuevas medidas de presión. El Ayuntamiento, por su parte, insistió ayer en que «se sigue trabajando con el objetivo de normalizar la totalidad de las nóminas del personal, incluida la paga extraordinaria», al tiempo que recordó que «esta excepcional situación no es exclusiva de Jerez, como se puede comprobar en los retrasos e impagos que se están produciendo en otros ayuntamientos».