«En estos ocho años sin nuestro padre hemos llegado a pensar que no hay justicia»

En marzo de 2002 cambió la vida de una familia para siempre. El fatídico día 15 marcó un antes y un después para todos ellos, pues Manuel García Rendón falleció en un accidente laboral y desde entonces las penurias han sobrevenido a los suyos, que no sólo han tenido que afrontar una trágica muerte sino toda una serie de consecuencias difíciles de digerir. Algo más de ocho años después de la tragedia, el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez acogerá hoy por fin una causa llena de complicaciones y de aplazamientos que no han hecho sino desanimar aún más a una familia que no termina de ver el final de la pesadilla.

Como contó a este medio uno de los hijos del finado, David García, lo único que desean es que por fin se celebre la vista y se haga justicia por la muerte de su padre. «Lo llevamos mal, la verdad, porque tanta espera y tanta falsedad... A veces pensamos que no hay justicia. Cuando mi padre falleció, mi madre se llevó varias meses sin recibir la paga de la Seguridad Social porque había una investigación abierta y tampoco tenía derecho a médico, siendo enferma crónica».

Aunque algunos de sus nueve vástagos ya estaban emancipados, le costó sacarlos adelante sin el sustento del cabeza de familia y hacer frente a un proceso judicial que se ha ralentizado excesivamente en el tiempo. La causa de esta circunstancia ha sido la incomparecencia de uno de los imputados, José P. M, que ha obligado a aplazar el juicio en dos ocasiones. Además, como señaló anteriormente David, la investigación para esclarecer la autenticidad de cierta documentación también ha contribuido a la tardanza de una causa por la que se juzgará a dos personas, el ya citado José P. M. y Francisco L. R, en calidad de consejero delegado y apoderado de la empresa donde el trabajador prestaba sus servicios en el momento del siniestro, respectivamente.

Caída de un andamio

Como consta en el escrito de calificación del fiscal, al que este periódico ha tenido acceso, el 1 de febrero de 2002 la firma en cuestión contrató a Manuel García Rendón y Juan Pedro Rondán Rojas para que acondicionaran una bodega de vinagre de su propiedad y efectuaran diversos trabajos de mejora. El desgraciado 13 de mayo, los obreros se encontraban en un andamio realizando tareas de cerramiento vertical a unos cuatro metros de altura cuando por causas que se desconocen Manuel cayó al suelo y se golpeó en la cabeza con el propio andamio.

De inmediato, fue trasladado al Hospital de Jerez y de ahí al Puerta del Mar de Cádiz, donde permaneció en coma 75 días hasta que falleció. En su escrito, el fiscal alude de forma expresa a la insuficiencia de medidas de seguridad en la obra, algo que incluso provocó la intervención de la Inspección de Trabajo que abrió a la empresa un expediente sancionador. Y es que ésta se valió de una serie de artimañas para hacer creer que el profesional no estaba contratado como trabajador por cuenta ajena sino que era autónomo, lo que le eximiría de responsabilidad.

Para ello y siempre según el Ministerio, los imputados presuntamente confeccionaron un contrato de obras y falsificaron la firma del fallecido, por lo que tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado la imputación de tres presuntos delitos distintos: de homicidio por imprudencia; contra los derechos del trabajador y falsedad documental, éste último sólo en lo que se refiere a la persona del consejero delegado y vicepresidente.

Para el primero de los delitos, el abogado de la familia pide dos años y tres meses; para el segundo un año y nueve meses y para el tercero otros dos años. La Fiscalía, por su parte, solicita un año y medio por un presunto homicidio por imprudencia; nueve meses por falsedad documental y seis meses por un supuesto delito contra los trabajadores. Junto a ello, el letrado pide una indemnización de 240.000 euros para la viuda y los hijos, que sólo esperan que se celebre de una vez el juicio y los responsables afronten su culpa.