La demanda por el desfalco señala de forma directa a los técnicos de Hacienda

En la demanda que el Ayuntamiento de San Fernando ha elevado al Tribunal de Cuentas por el alcance de 7,8 millones de euros, se dejan bien claros varios puntos. En primer lugar, que con los controles adecuados y si cada uno hubiera realizado su labor, el desfalco se hubiera detectado y evitado mucho antes de alcanzar cifras millonarias.

Por otro lado, que la confianza depositada en los cajeros (actuales imputados por lo sucedido) permitió que nadie pusiera en duda las irregularidades, ni se les pidiera firma en los documentos oficiales, ni se realizaran los arqueos extraordinarios cuantificando el dinero de forma física. «En suma el criterio contable utilizado en los arqueos extraordinarios de conciliar sumando caja y valores de modo enunciativo, no refleja la existencia real de Tesorería».

Es más, en la propia demanda se recoge el caso llamativo de las cifras millonarias que salían en los arqueos extraordinarios y datos irregulares, sin que a nadie la llamara la atención ni se hiciera ningún tipo de conciliación de las cantidades que eran contradictorias, lo que también hubiera permitido descubrir el desfalco.

Por último, que la responsabilidad de los alcaldes difiere con respecto a los técnicos. Que los directos son los propios cajeros y que los subsidiarios es el resto del personal, claro que los técnicos son los encargados de realizar las funciones de control, mientras que los ordenadores de pagos se fían de ellos a la hora de tomar las decisiones.

Complemento específico

Y ahora viene la cuestión que trae de cabeza a la mayoría de los isleños. Si se han perdido 7,8 millones de euros, por qué en la reclamación a los subsidiarios solo se llegan a los 400.000 euros. Antes de entrar en materia hay que especificar que los 7,8 millones de euros se les reclama a los responsables directos, es decir a los cajeros, mientras que en los subsidiarios se estima de acuerdo a los complementos específicos.

Los técnicos cobran, además de su sueldo, una cantidad de acuerdo a la dificultad y responsabilidad de su puesto y este dinero es el que se les reclama que devuelvan. A José Antonio López Fernández, antes tesorero y ahora interventor, se le pide un importe de 105.847 euros, distribuidos en 57.000 por su cargo de interventor y 48.000 por el de tesorero; a Rafael Monzón Ristori, interventor hasta el año 2006 una cantidad de 61.525 euros; y a la actual tesorera María de las Virtudes Gómez Montero, una cuantía que alcanza los 39.392 euros.

Ahora bien en el periodo en el que el primero ejerció sus funciones dentro del Ayuntamiento se perdieron más de siete millones de euros, en el caso del segundo unos 2,5 millones de euros y en el de la actual tesorera la cifra asciende a casi cuatro millones de euros.

En cuanto a los alcaldes, en la demanda se entiende que la cuantía del resarcimiento «al que puedan estar obligados por los daños producidos durante su mandato tengan que ser necesariamente inferiores al que se les exige subsidiariamente a los funcionarios responsables de la Intervención y Tesorería, que estaban llamados a verificar arqueos y no solamente a firmarlos como el alcalde».

Como la cantidad más baja que se reclama a los técnicos es a la tesorera, unos 39.392 euros, según esta lógica a los andalucistas Manuel María de Bernardo y a Antonio Moreno no se les puede pedir más de esa cantidad. Motivo por el que se les reclama 39.000 euros, cuando en el mandato del primero se perdieron más de 6,5 millones y del segundo 1,2 millones de euros.