Las familias sin recursos tendrán ayudas para poder pagar la legalización de sus viviendas
El alcalde acuerda con las federaciones «acometer las obras por fases y solicitar subvenciones»
Actualizado:José María Román lo tiene claro. «Lo que quería hacer el anterior equipo de Gobierno era sociológicamente inviable; no se puede urbanizar las calles ni regularizar 15.000 viviendas con los vecinos en contra». El nuevo alcalde de Chiclana se ha sentado con los representantes de las cinco federaciones de asociaciones de vecinos de la localidad, y consensuar con ellos un calendario de trabajo y las líneas maestras que tendrá el proceso de legalización del extrarradio.
La primera novedad es que se utilizarán las Ordenanzas municipales de Regularización de las Áreas de Gestión Básica que aprobó el PSOE en la anterior legislatura, y que el ex edil de Urbanismo, José Pedro Butrón, pretendía reformar. Este marco jurídico será sometido al refrendo de los vecinos, que representan en esta ocasión a los miles de propietarios de viviendas edificadas al margen del planeamiento urbano local durante años.
Además, y para «dar tranquilidad a las familias, y que el proceso de regularización sea generador de empleo y de movimiento económico en Chiclana», Román adelantó ayer que quienes tengan especiales dificultades económicas (por ejemplo agricultores jubilados con pensiones bajas o propietarios de viviendas autoconstruidas hace décadas sin ánimo de lucro, que aún residen en ellas y no tienen otros bienes), podrán beneficiarse de una serie de ventajas a la hora de realizar el pago de las cuotas de urbanización, legalización y dotación de servicios, en aras a no ralentizar el proceso. «Estudiaremos las situaciones singulares que haya, y se arbitrarán fórmulas para que aquellos que no puedan pagar; a la hora de vender o transmitir su propiedad, tendrán que hacer efectivo el pago», aseguró el regidor.
Una de esas fórmulas pasaría por realizar una anotación marginal en las escrituras del Registro de la Propiedad de las parcelas o inmuebles de esas familias. A la hora de alquilar, segregar o vender, estarían obligadas a pagar lo adeudado. También se plantea que de recibir un depósito económico importante, los propietarios tuvieran que pagar con prioridad los costes atrasados.
El espíritu de estas facilidades es que el proceso de legalización «se inicie lo antes posible». Los representantes vecinales recibieron con agrado las medidas, ya que «se nos escucha y se piensa en una urbanización asequible».
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