Los propietarios de casas ilegales amenazan con movilizarse si el Consistorio «ignora» sus demandas

Los representantes de las zonas de la ciudad con catalogación de Desarrollo sin planeamiento -cuyas viviendas son ilegales-, se han mostrado «indignados» por que los representantes municipales hayan «ignorado» sus peticiones sobre el proceso de regularización de sus hogares. Así, han anunciado que convocarán una asamblea general con los vecinos de unas 5.000 viviendas afectadas a la que no se invitará a ningún partido político. El objetivo es informar de todos los pasos que han ido realizando hasta el momento sus reivindicaciones y lo que ha sido concedido, «que ha sido cero» puntualizó ayer el presidente de la Coordinadora de viviendas ilegales, Coave. Los representantes de las asociaciones ya han indicado que si el Gobierno local sigue sin tener en cuenta sus peticiones, en especial las referentes a la interrupción de las multas coercitivas, se movilizarán.

La asamblea se realizará a finales de septiembre, a la espera de que con anterioridad se produzca la reunión propuesta por Antonio Jesús Ruiz, concejal de Vivienda, y en la que se sentarían además de los representantes de los propietarios de las casas ilegales, el alcalde, Enrique Moresco, la concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, el concejal de Hacienda, David Páez y Manuel Ángel González Fustegueras, encargado de realizar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, PGOU.

Si en ella no han sido satisfechas sus reivindicaciones, en la asamblea se informará de las acciones populares y judiciales que se van a llevar a cabo. «Tenemos escritos suficientes que justifican que las 5.000 viviendas han sido consentidas», añade Castro.

Los 17 representantes de los Desarrollos sin planeamientos, destacaron que «siempre hemos intentado solucionar los problemas con negociaciones».

El hecho que agotó la paciencia de los propietarios de las viviendas ilegales se produjo el pasado jueves, en la sesión plenaria, cuando fue aprobado sin ningún tipo de debate el punto en el que se solicitaba la elaboración de un informe detallado sobre las multas coercitivas, los expedientes sancionadores y decretos de paralizaciones de obra. Asimismo, se pedía una explicación sobre en qué partida presupuestaria estaba siendo incluido el dinero de las multas coercitivas. «Para nosotros era un punto muy importante y delicado, que pasó sin pena ni gloria, lo que mostró el desinterés de los políticos», declaró el presidente de Coave.

Los propietarios de estas viviendas fuera de planteamiento están, además de «desolados», dispuestos a dar a conocer a «la opinión pública lo que está pasando a una gran número de portuenses». Por eso, declaró ayer Castro a este medio que «no estamos dispuestos a seguir realizando más reuniones de despachos». Debido a esto, y acogiéndose al Reglamento de Participación Ciudadana, llevarán al próximo Pleno las proposiciones que en la asamblea de septiembre se aprueben y que, entonces, «cada partido diga lo que tenga que decir».