EN LA CAPITAL. Los populares chiclaneros, durante la rueda de prensa de ayer. / A.M.
Chiclana

El PP denuncia a siete cargos del PSOE por no tramitar 1.700 sanciones urbanísticas

Los populares llevan a la plana mayor socialista ante la Fiscalía y cifran en 100 millones la merma sobre las arcas públicas causada por no seguir los expedientes Recuerdan que en Estepona «fue un escándalo» que no se siguieran 1.500 casos

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El grupo de concejales del Partido Popular en Chiclana, encabezado por Teresa Ruiz Sillero y Nicolás Aragón, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra siete altos cargos del PSOE por haber archivado más de 1.700 sanciones urbanísticas entre los años 2003 y 2006 en el Ayuntamiento chiclanero (entonces gobernaban los socialistas y hoy está regido por un cuatripartito formado por el propio PP, IU, PA y PSA). Los populares, que acusaron al anterior equipo de gobierno de haber provocado el «caos urbanístico» en la localidad, pidieron la dimisión inmediata del comité local del PSOE.

Desde la sede provincial del PP, los concejales chiclaneros y el secretario de Organización en Cádiz, Daniel Nieto, calificaron estos acontecimientos de todo un escándalo político, llegándolo a comparar con lo sucedido en Estepona. No en vano, los denunciantes recordaron que se consideró «un gran problema» que se detectaran 1.500 expedientes archivados. Es decir, 200 menos que en Chiclana, recalcó Teresa Ruiz Sillero, delegada municipal y parlamentaria andaluza. Y si estas cifras parecen poco, puntualizaron que mientras se dejaban sin cerrar más de 1.700 recursos sólo se ordenó el cobro de 15 y se pagó otra decena.

«Agujero contable»

«Por el archivo masivo y sistemático de denuncias urbanísticas la localidad ha dejando de ingresar más de 100 millones de euros», expresó Nieto, de la ejecutiva provincial. Esto supone por lo tanto un perjuicio contable para las arcas del Consistorio chiclanero, por lo que en la reclamación de investigaciones también se instó al Tribunal de Cuentas a que actuase y aclarase la situación.

Además del daño económico, el PP cree que el verdadero problema se encuentra en las más de 30.000 viviendas ilegales edificadas en el término municipal. «La sensación de que no pasaba nada, porque las denuncias morían, originó un efecto llamada para construir sin atenerse a las leyes y ahora nos hallamos con centenares de ciudadanos sin los servicios mínimos», dijo Sillero, quien especificó que entre el millar de expedientes se encuentran tanto particulares como promotores.

Volviendo a la denuncia en sí, el texto se basa en una presunta prevaricación por omisión y los cargos socialistas acusados en la trama son: José María Román y Manuel Jiménez Barrios (actual director de Deportes de la Junta de Andalucía), alcaldes en el periodo señalado; Juan Jesús Jiménez (actual viceconsejero de Medio Ambiente) y Joaquín Muriano, ex delegado de Urbanismo, y Manuel Moreno, ex delegada de Hacienda. A éstos se le suman Juan Luis Belizón y José Luis Ruiz Piñero, por una denuncia anterior que el PP presentó por la paralización de una sanción urbanística a Piñero, actual concejal del PSOE. Por tanto, son siete los cargos denunciados. Según explicó Teresa Ruiz Sillero, los populares tuvieron acceso a toda esta información de irregularidades gracias una sentencia judicial, ya que los socialistas se negaban a dar los datos cuando el PP estaba en la oposición. «La investigación de estos expedientes nos ofreció unas conclusiones demoledoras sobre la gestión urbanística del PSOE y ahora queremos seguir indagando en años anteriores para averiguar si ésta era una práctica habitual», especificó Sillero.

Desde el PP también se anunció que tienen la intención de impulsar una iniciativa parlamentaria para esclarecer que papel ha jugado la Junta de Andalucía en este entramado, ya que, según argumentaron, lo que han hecho es eludir el problema.