Urbanismo detecta 318 viviendas con certificados falsos de obra nueva

La teniente de alcalde de Urbanismo, Patricia Ybarra, ha manifestado que «se han detectado más de 300 viviendas con certificados falsos de obra nueva en los diseminados irregulares». Exactamente, son 318 viviendas que se encuentran ubicadas en 121 fincas sobre las que se ha podido incurrir en un posible delito de falsedad documental.

Por todo ello, el Gobierno local ha remitido 16 expedientes a la Fiscalía provincial de Cádiz para que se inicien las diligencias previas contra los arquitectos que han firmado estos permisos. Ybarra ha destacado que «se van a enviar los 121 expedientes donde se han encontrado irregularidades en cuanto tengamos la documentación pertinente».

En este sentido, la edil popular ha informado que «estas construcciones poseen expedientes que certifican que la vivienda ha sido construida en 1998 cuando no fueron erigidas hasta 2004».

El departamento de disciplina urbanística ha verificado que estos inmuebles no existían en esa fecha. Para ello, la ortofoto ha sido de vital importancia. El Ayuntamiento lleva diez años realizando un mapa aéreo de la localidad, que permite verificar qué construcciones han sido edificadas en una determinada fecha.

Aunque esta herramienta se usa para controlar la proliferación de diseminados ilegales, en esta ocasión ha servido para conocer las viviendas que poseen certificados de obra nueva antes de estar construido el edificio.

La antigüedad de una vivienda ilegal es esencia a la hora de poder ser regularizada. De hecho, la Corporación llegó a un acuerdo en 2003 por el que se comprometía a legalizar todos los diseminados irregulares que se habían construido hasta esa fecha.

En caso de que la casa tenga menos de cuatro años, el coordinador del Área de Disciplina Urbanística, José Galán, ha explicado que «el procedimiento a seguir es el de abrir un expediente sancionador, imponer una serie de multas coercitivas y la posterior demolición del inmueble».

A esta herencia de expedientes falsos, Urbanismo debe sumar la legalización del anterior Gobierno local de viviendas irregulares a base de decretos municipales. De hecho, tres de los expedientes mandados a la Fiscalía son decretos firmados por Juan Carlos Rodríguez, edil de Urbanismo por Independientes Portuenses en la anterior legislatura.

Aunque Patricia Ybarra no ha precisado el número exacto de casos que existen sobre esta cuestión, sí ha determinado que «el volumen de casos detectados no es pequeño».

El alcalde popular, Enrique Moresco, que formaba parte de IP en la anterior legislatura y fue concejal de Vías y Obras y de Cultura, declaró que «yo no tenía ninguna competencia en materia urbanística, y por tanto, no podía saber lo que estaba ocurriendo».

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