Tribunales
Vilaplana envía a juicio tres causas más por las ayudas irregulares del Caso ERE Andalucía
Son las piezas contra 17 personas, entre ellas Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra, y el actual primer edil de este pueblo, Sotero Martín
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana , al frente de la investigación de las macrocausas de corrupción en Andalucía durante la baja de la juez María Núñez Bolaños , ha cerrado la instrucción de tres piezas abiertas por las ayudas irregulares de los ERE y ha decidido enviarlas a juicio oral, sentando en el banquillo de los acusados a 17 personas como acusadas.
En concreto, con fecha 14 de enero de 2020, ha dictado tres autos de apertura de juicio oral contra un total de 17 personas investigadas en tres piezas separadas por las ayudas a Calderinox, Novomag Manufacturas Metálicas y a un grupo de empresas vinculadas al corcho y al que fuera alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla , como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera. Recibieron ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo por encima de los ocho millones de euros.
El auto relativo a este último grupo de empresas del corcho vinculadas al hermano del que fuera presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, ha sido notificado este viernes a las partes personadas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El magistrado, que se encuentra al frente el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla durante la baja de Núñez Bolaños, quien está siendo inspeccionada por el Consejo General del Poder Judicial por su actuación en las macrocausas, ha decidido abrir juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, entre ellos Rodríguez de la Borbolla y el actual alcalde de Cazalla, el también socialista Sotero Martín, y contra las empresas referidas y una entidad bancaria en calidad de responsables civiles subsidiarios.
Fianza de hasta once millones de euros
En este sentido, el juez requiere a los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 601.012 y once millones de euros. Esta última a Rodríguez de la Borbolla. Todo ello a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, «se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar» las sumas señaladas.
El instructor ha ordenado la apertura de juicio oral después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A hayan presentado sus respectivos escritos de acusación contra los investigados.
También se encuentran como investigados R.B.M., el coadministrador de las empresas; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, identificado como F.P.M.O.; el que fuera delegado provincial del antiguo IFA en Sevilla, M.E.R.C., y un responsable de una entidad bancaria, G.C.E., que «facilitó mediante su firma» la obtención «fraudulenta» del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el juez en el auto de 16 de octubre donde acordó continuar como procedimiento abreviado la causa.
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los seis investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para Ángel Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para R.B.M., F.P.M.O., y Sotero Martíon, y cuatroaños de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para los otros dos acusados, así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.
Calderinox y Novomag
En otro auto, referente a Calderinox, el juez abre juicio oral por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, entre ellos dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como son el ex director general de Trabajo Daniel Rivera y el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas , como presuntos responsables penales, y contra las entidades Uniter y Federación de Industria de CCOO-A en calidad de responsables civiles subsidiarios.
Asimismo, el juez requiere a cinco de los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 227.000 y 275.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles igualmente de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, «se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar» las sumas señaladas.
En este caso, la Fiscalía ha pedido para el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas siete años de cárcel y 17 años de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación , mientras que para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera ha reclamado cinco años de prisión , el pago de una multa de 2.880 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 5 años por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, así como el pago de distintas indemnizaciones a la Junta.
En el tercer auto, relativo a Novomag Manufacturas Metálicas , el magistrado abre juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y malversación contra un total de cinco investigados , como presuntos responsables penales, y contra la referida empresa en calidad de responsable civil subsidiario. El juez requiere a los acusados y a la entidad para que, en el plazo de un día, presten cada uno de ellos una fianza de 600.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para cada uno de los investigados tres años de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta y que, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen a la Junta en la cantidad de 420.708,47 euros.
Ahora, la Audiencia de Sevilla , tras repartirse estas tres causas entre sus secciones penales, deberá fijar fecha para la celebración de los juicios.
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