El Tribunal de Cuentas ha dictado ya seis condenas que se elevan a 6,6 millones de euros

Aún no hay una sentencia penal en el caso ERE —cuya pieza política se está juzgando en la Audiencia de Sevilla—, pero a los responsables de dar las ayudas irregulares no dejan de lloverles condenas contables por el mal uso de los fondos públicos. Las ayudas sociolaborales para financiar ERE constituyeron « una salida injustificada de dinero público que ha originado un menoscabo a los caudales públicos», según el Tribunal de Cuentas, que ha dictado ya seis sentencias contra tres exdirectores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía y empresas beneficiarias de subvenciones. Las resoluciones realizadas por el órgano encargado de juzgar a los gestores que cometan irregularidades se elevan de momento a 6,6 millones de euros.

Los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y sus sustitutos Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera —exculpado de la pieza política del caso ERE— han sido sentenciados como responsables directos y solidarios del quebranto económico causado a los andaluces por «el abuso del margen de la discrecionalidad administrativa» en la concesión de estas ayudas, según las resoluciones que ha emitido el máximo controlador de las cuentas públicas de las administraciones, que les obliga a devolver de su bolsillo el dinero mal empleado. Como no han reintegrado los fondos públicos, ha dictado cuatro notificaciones por la que embarga las casas y sueldos de Guerrero y Márquez.

Estas sentencias, a las que se sumarán otras más a medida que se vayan enjuiciando otras ayudas, han fijado la devolución de 6,6 millones de euros , según recordó el pasado viernes la secretaria general del PP-A, Loles López Gabarro. En concreto, obligan a distintos exdirectores y empresarios a devolver 262.500 euros en el caso de la empresa subvencionada Consyproan S.L.; 5,19 millones en Astilleros de Sevilla; 349.083 euros en Nueva Lima; 428.787 en Valeo Iluminación S.A., mientras que la responsabilidad contable alcanza los 200.000 euros en Saldauto y 168.000 euros en el caso de Calderinox.

En todos los casos, los ponentes que firman las sentencias desgranan una serie de irregularidades que abarcan la concesión de ayudas sin tener delegadas las competencias para darlas, la falta de razones de interés social o económico para concederlas, el uso inadecuado de las figura de las transferencias de financiación como herramienta para pagarlas, o la ausencia de fiscalización previa de las subvenciones.

A juicio del Tribunal de Cuentas, los pagos a través de la agencia IDEA se hicieron sin cobertura legal y la Consejería de Empleo «no realizó un diseño previo de las ayudas por lo que no se establecieron los requistos exigidos para ser beneficiarios», los criterios para aceptar o no las solicitudes.