El Tribunal del caso ERE investiga el papel de Manos Limpias como acusación

A los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están siendo juzgados por el caso ERE les ha salido un apoyo con el que nadie contaba. A pesar de ejercer la acusación popular, el abogado del sindicato Manos Limpias, Rafael Prieto , se ha puesto de parte de las defensas de los antiguos políticos en algunas diatribas que se han producido en el proceso contra un sistema que repartió «sin control y de forma arbitraria» las ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis entre 2000 y 2010. Pero la ambivalente acusación que ejerce el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias puede tener los días contados.

El pasado 11 de diciembre, sólo dos días antes de que comenzara el juicio que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla recibió una llamada telefónica de un antiguo funcionario del Ayuntamiento de Madrid, A.G.G. En una diligencia a la que ha tenido acceso ABC, el letrado de la Administración de Justicia da fe de que dicho empleado público ha advertido a la Audiencia de que «los poderes presentados por Miguel Bernad son totalmente falsos, que jamás han existido juntas ni nombramientos ni asambleas».

En otras palabras, el antiguo empleado público pone de manifiesto que la Audiencia de Sevilla habría sido víctima de un supuesto ardid por parte del secretario general de esta organización para seguir en la causa, después de que las defensas cuestionaran su legitimidad para estar en el proceso. Ante la «razonable duda» expresada por 18 defensas en un escrito dirigido al tribunal, éste dio al sindicato cinco días para que acreditara «la existencia jurídica» del sindicato «al día de la fecha» y «la vigencia de sus órganos de representación».

Rafael Prieto, abogado de Manos Limpias, defiende su papel en el juicio. «Yo soy cristiano y he actuado conforme a mi conciencia. Es mucho mejor que cinco delincuentes estén en la calle a que entren en prisión seis y uno de ellos sea inocente», confiesa. «Que sea lo que Dios quiera», declara cuando se le pregunta por su posible expulsión . Asegura que las defensas no le han transmitido que estén contentos con él, aunque ABC ha podido comprobar como recibe, entre bromas, felicitaciones por su papel. «Cuando ves que una persona está sufriendo porque se les están acusando de forma injusta no te puedes callar». Justifica así su rechazo a la imputación de un delito de asociación ilícita a los acusados, que está penado con hasta dos años de cárcel. «El PP no tiene autoridad moral para plantear eso. El tribunal me ha dado la razón», señala. Prieto insiste en que el sindicato acreditó su vigencia y que nadie le paga por ejercer la acusación en el juicio e incluso ha renunciado a las costas. Este letrado defiende que no se puede causar un daño a los acusados. «Tengo, digamos, una misión jurídica» , confiesa este abogado que en su juventud quiso ser misionero seglar, pero acabó optando por la Abogacía.