El testigo protegido: «La formación ha sido el negocio del siglo en la Junta»

Sin dudas, sin que le temblase la voz y de manera contundente. El testigo protegido de la juez Alaya en el presunto fraude de los cursos de formación, Teodoro Montes, ha dicho en el Parlamento andaluz que la formación «ha sido el negocio del siglo para la Junta», que ha obtenido «pingües beneficios de influencia, de poder, de relaciones y de todo».

Unas acusaciones que también ha extendido a las empresas y entidades beneficiarias, sobre las que ha explicado en varias ocasiones que claro que obtenían beneficios porque, de lo contrario, «¿quién se iba a dedicar a la formación?. Sólo se acercarían los timoratos y se acercan los aguilillas».

A pesar de la tensión que se ha vivido en la sala de comisiones, donde los diputados socialistas se han mostrado muy agresivos contra Teodoro Montes y han tratado de desacreditar su testimonio, el compareciente en la comisión de investigación del Parlamento no ha tenido empacho en señalar a los responsables de estas afirmaciones.

Según sus palabras, «hay un Gobierno que ha planificado, que ha marcado directrices en la pirámide de poder», unas afirmaciones que se confirman porque el número de técnicos para controlar estos cursos no es el adecuado y «los superiores se prestan a cosas y ponen un velo difuso».

Pero no se ha limitado a acusaciones genéricas sino que ha puesto claros ejemplos de cómo era posible que las empresas se lucrasen con estos cursos si las subvenciones se concedían sin ánimo de lucro. Hay que tener en cuenta que Teodoro Montes lleva más de 20 años trabajando en el servicio de Formación de la Junta en Sevilla, donde es jefe de departamento.

Cursos fantasma

Así, ha detallado que tiene pruebas documentales de que se han pagado numerosos cursos fantasma y que han aparecido alumnos pidiéndole su diploma acreditativo que jamás han estado en los ficheros de la Junta. Entre 2008 y 2010, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe, tiene más de 23 cursos fantasma, liquidados y sin ningún alumno. «Tengo la prueba en el sistema informático de la Junta».

Otra forma de enriquecimiento de las empresas, según sus palabras es el aumento de horas de clases en algunos cursos que se han pagado pero no se han impartido.

Cargado con abundante información, lo que ha sido protestado por los diputados socialistas cuyo portavoz, Rodrigo Sánchez Haro le preguntó si había obtenido esta información de manera legal, el testigo protegido por la juez Alaya en el proceso judicial que investiga el presunto fraude de los cursos, ha relatado todo tipo de irregularidades y ausencia de control.

Teodoro Montes —cuya imagen está protegida y no se puede difundir— ha explicado que han desaparecido todos los expedientes de los cursos de formación concedidos a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe, que está en el epicentro de la investigación judicial.

El compareciente, que ha tenido que ser readmitido por la Junta a su puesto tras ganar una demanda por acoso laboral contra la administración, ha dicho que «el que quiera cumplir la ley en la formación está demás y el que tenga opinión como yo, también».

Así, ha explicado el expediente del matadero, al que puso reparos como técnico ya que había hasta siete expedientes distintos que imputaban a los cursos el pago de entre 70 y 75.000 kilos de carne para la práctica de los alumnos. Una cantidad tan exagerada que rebajó hasta 15.000 kilos después de fuertes tensiones en su departamento. Trató de llegar a un acuerdo con los comedores sociales de Sevilla para que se quedasen con esa carne, —«además de las casas de los alumnos del curso lo que yo veía hasta bien»—, pero sus superiores se negaron a firmar el convenio que preparó al efecto. «¿A dónde iba esa carne?», se preguntó.

Los agentes sociales

Particularmente duro ha sido Teodoro Montes con los agentes sociales. Según ha explicado, tanto la CEA como UGTy Comisiones Obreras han tenido «trato de favor» en la adjudicación y gestión de los cursos de formación, a los que accedían mediante un convenio que estaba fuera de la normativa vigente. En el caso de la Confederación de Empresarios, Teodoro Montes ha dicho que tenía «una red clientelar de entidades y asociaciones a las que daba los cursos y nunca ví convenios ni proyectos formativos entre estas empresas». El funcionario ha dicho que los dos sindicatos y los empresarios «hacían lo que les daba la gana» con los cursos, impartiéndolos en sedes no adecuadas, cambiando la programación a pocos días de iniciarse, entre otras irregularidades.

El testimonio de este compareciente, que ha sido muy agradecido por los grupos de la oposición, se ha cerrado con su afirmación de que sí se ha perdido dinero público, además de reiterar que los responsables de la Junta (jefe de servicio de Formación en Sevilla, secretaria general de esta delegación, delegada de Empleo y director general) han concedido subvenciones de manera irregular a sabiendas, ya que su servicio ha hecho informes necativos sobre algunas empresas que, no obstante, han seguido recibiendo cursos.

Teodoro Montes se ha mostrado, además, muy pesimista respecto al futuro ya que considera que no se han corregido las irregularidades detectadas que, encima, se están empeorando. Y todo ello teniendo en cuenta que la presidenta de la Junta ha anunciado que en mayo volverán a concederse subvenciones para la formación.