Susana Díaz ante el 2018, año clave para su futuro político
La presidenta de la Junta inicia un año crucial con varios asuntos pendientes y la mirada puesta en el nuevo modelo de financiación autonómica
La estabilidad política en Andalucía de la que lleva presumiendo desde que se inició la crisis catalana ya no es suficiente. Susana Díaz aborda en estos días el principio de un año que será crucial para determinar su futuro político -y el del PSOE andaluz - ya que, si se cumplen los plazos legales y no hay adelanto electoral, la próxima cita con las urnas será en marzo de 2019 por lo que toda la gestión que no se lleve a cabo en este año que acaba de comenzar quedará pendiente. Y eso en el escenario más conservador; si la presidenta decide acortar los tiempos y convocar a los andaluces a unas elecciones anticipadas, el calendario será todavía más apretado .
Y hay varios frentes abiertos que preocupan tanto en el Palacio de San Telmo como en la sede regional de los socialistas en la calle San Vicente de Sevilla. El primero es la implantación de la jornada de 37,5 horas para los funcionarios que ha decretado el Tribunal Constitucional y que entrará en vigor mañana lunes. Es un asunto mucho más que delicado porque Susana Díaz no quiere bajo ningún concepto que nadie la pueda acusar de incumplir una sentencia del alto tribunal, ni siquiera de tratar de eludirla de alguna manera. Su firme defensa del artículo 155 como salida a la situación en Cataluña y el respeto a la Constitución que proclama se quedarían en palabras vanas si su Gobierno no acata esta sentencia de manera ejemplar.
Pero, por supuesto, no quiere molestar a los más de 250.000 funcionarios públicos andaluces y a sus familias que defienden la jornada laboral de 35 horas. «Con las cosas de comer no se juega» , confesaba a ABC con respecto a este asunto un alto cargo del Gobierno andaluz.
La fórmula adoptada por la consejera de Administración Pública, María Jesús Montero, para aplicar esta normativa tiene muchas aristas y está por ver si se podrá llevar a la práctica o no . Será la primera reválida para Susana Díaz en este nuevo año.
La amplísima oferta pública de empleo que está haciendo la Junta, 7.675 plazas para este año 2018 además de las 32.800 de interinos que se convertirán en fijos hasta 2020, puede ser un bálsamo para este conflicto pero no deja de ser un asunto más que delicado.
El pacto con Ciudadanos
Uno de los principales asuntos pendientes es la recuperación de los cursos de formación que llevan paralizados desde el año 2012. Susana Díaz ha prometido que para este ejercicio se va a recuperar la formación para los parados después de que su nuevo consejero de Empleo lleve seis meses asegurando que se han resuelto las convocatorias en todas las provincias , la realidad es que los parados están perdiendo la oportunidad de recualificarse para volver al mercado laboral.
El Gobierno andaluz da por amortizado el escándalo judicial de la investigación de los fondos de la formación pero el problema social para quienes quieren acceder a estos cursos y no pueden hacerlo es la siguiente fase a la que se tendrá que enfrentar el Ejecutivo de Susana Díaz . Las medidas de control para evitar abusos y fraude son también un arma de doble filo para el sector de las academias de formación que ven cómo su sector no despega a pesar de las promesas.
La renta mínima
Uno de los principales logros sociales del Gobierno andaluz es la aprobación de u na Renta Mínima de Inserción que pretende llegar a 45.000 familias en situación de riesgo de exclusión social. Los beneficiarios percibirán entre 419 y 780 euros mensuales, lo que supone un incremento considerable respecto al modelo anterior. Susana Díaz considera esta medida como la estrella de su final de mandato sobre todo mirando al electorado más a la izquierda . La nueva renta, que tiene una dotación presupuestaria de 198 millones de euros, sustituye a la renta mínima que se puso en marcha durante el Gobierno de coalición con Izquierda Unida y que ha supuesto numerosos problemas de gestión para los beneficiarios que han cobrado tarde y mal.
Este giro mirando a la izquierda del Gobierno andaluz ya ha generado las primeras críticas porque tanto Podemos como IU consideran que es sólo un gesto populista y un parche porque no va a llegar a las 250.000 familias que se encuentran en riesgo en Andalucía. Ciudadanos sí lo apoya y el PP juega al despiste. Tal vez un símbolo de cómo se van a desarrollar las alianzas políticas en el nuevo año 2018.
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