Andalucía
Vox propone a la juez Alaya para un ente que proteja al que denuncia la corrupción
Los delatores serían premiados con el 10% del dinero recuperado para el erario público
Este mediodía el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición de ley con la que busca crear estrictas medidas de protección para los delatores de actos de corrupción, entre las que incluye una compensación económica por denunciar y la coordinación por un organismo independiente. Para ello han tomado la figura que ya existe en algunos países anglosajones «Blowing the whistle », que trata de preservar al denunciante de posibles represalias, sobre todo si trabaja dentro de la propia Administración
Plantean la constitución de una «Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción» presidida por un candidato propuesto por organizaciones sociales «de ámbito nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción», o por un grupo parlamentario.
Bajo esa condición, Vox incluye en el documento legislativo su preferencia de que sea la juez Mercedes Alaya , quien hasta 2015 estuvo al frente del juicio de los ERE en Andalucía, la persona que presida ese organismo. Según recogen en el escrito, la Autoridad Independiente «resolverá motivadamente el traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal» cuando aprecie indicios «racionales» de la existencia de un posible delito.
La iniciativa también busca «incentivar la acción de denuncia» otorgando a los delatores una compensación económica equivalente al 10 por ciento de la cuantía «recuperada para el erario público del importe total en que se cifre el perjuicio» del acusado. Estas sanciones ascenderían a cuantías comprendidas entre 200 y 400.000 euros, en función de la gravedad de la denuncia.
Dentro del mismo paquete de medidas, el grupo que preside Santiago Abascal propone que las mismas normativas dirigidas a proteger a los delatores se apliquen a sus cónyuges, sus ascendientes, descendientes o hermanos si «concurren circunstancias que puedan suponer un peligro grave» para su libertad o bienes.
En otro orden de cosas, Vox propone modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria de modo que se asegure que los condenados por delitos graves de orden público como la rebelión, la sedición o el terrorismo no cumplan condena en autonomías donde estén representados partidos que hayan «respaldado» actuaciones contrarias al «orden constitucional».
Esto responde a su deseo de que se pueda aplicar a los «diputados golpistas», en referencia a los políticos catalanes enjuiciados por el «procés», una vez que se emita una sentencia, según ha explicado la diputada de Vox Macarena Olona en una rueda de prensa junto al portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros , informa la agencia Efe.
«Con esta medida, respetando el orden constitucional (...), el Estado tendrá la obligación de no proceder a los internos a dichas comunidades autónomas», ha afirmado Olona. Y en línea con esta disposición, piden que se modifique la ley de indultos para prohibir esta práctica cuando respondan a delitos de terrorismo o financiación ilegal de partidos, entre otros.
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