Listeriosis

Junta y Ayuntamiento aparcan sus diferencias en la crisis de la listeriosis

Señalan a la empresa Magrudis como «única responsable» de la alerta por sus irregularidades y la ocultación de datos

Las delegaciones de la Junta y el Ayuntamiento se reuniieron en el Palacio de San Telmo ABC

J.B.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han aparcado este jueves sus diferencias en la crisis por la alerta sanitaria por listeriosis , para señalar a la empresa Magrudis como «única responsable» de la crisis alimentaria, tras haberse constando que incumplía la normativa además de ocultar información a las instituciones desde que se declarara a mediados de agosto el brote que ha afectado ya a 214 personas en España y al que se vinculan tres fallecimientos y seis abortos.

En el segundo encuentro político institucional entre representantes de la Junta y el Ayuntamiento desde que se declaró la alerta sanitaria, ambas administraciones aparcaron los reproches, destacaron la «transparencia» , la línea de trabajo conjunta y la profesionalidad y la dedicación completa de los equipos técnicos de ambas administraciones. En la reunión celebrada en el Palacio de San Telmo , sede de la presidencia del Gobierno andaluz, se daban cita el consejero de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo ; el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre ; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas , y el delegado municipal de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación social, Juan Manuel Flores .

Ambas administraciones participan desde hace semanas en una comisión técnica conjunta, mantuvieron distintos encuentros sectoriales y conformaron equipos conjuntos de trabajo para controlar e investigar la crisis alimentaria por la contaminación de productos de la empresa Magrudis con listeria monocytogenes.

En relación a la crisis, Junta y Ayuntamiento señalan a la referida empresa sevillana de elaboración de productos cárnicos como «la única responsable de la crisis alimentaria que se ha producido», demostrándose además en el marco de las investigaciones realizadas que había incumplido las normativas autonómica y municipal con documentaciones incompletas, erróneas o simplemente inexistentes en los registros de la Consejería de Salud, la Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Sevilla. Del mismo modo, en el marco de las investigaciones, se ha constatado su falta de colaboración y ocultación de informaciones esenciales motivo por el cual ha sido denunciada ante la Fiscalía de Sevilla por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla.

Revisión de competencias

Tal y como viene ocurriendo hasta el momento, la Junta de Andalucía mantendrá la coordinación de todas las acciones y medidas que se lleven a cabo en el marco de la declaración de alerta sanitaria , competencia exclusiva autonómica, contando con todo el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de sus competencias y de los convenios de colaboración existentes en estos momentos.

Con el objetivo de reforzar la coordinación institucinal en la investigación que se está llevando a cabo y mejorar los sistemas de control por parte de ambas administraciones. Junta y Ayuntamiento acordaron mantener la misma línea de trabajo en relación a las denuncias que han formulado ante la Fiscalía y en la investigación judicial contra la empresa Magrudis como responsable de un delito contra la salud pública y única y principal responsable de la crisis alimentaria.

El Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Sevilla reforzarán la coordinación entre las distintas consejerías y delegaciones municipales , respetando el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Salud y Consumo para mejorar los controles previos en salud alimentaria , las inspecciones posteriores y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de crisis sanitaria.

No obstante, ante el actual reparto de competencias que existe en materia sanitaria y de salud entre la administración autónoma y local, se configurará una comisión técnica conjunta de trabajo, en la que se dará entrada a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias , así como a los ayuntamientos de Granada y Málaga «para establecer las modificaciones legislativas necesarias de cara a aumentar los sistemas de control previo especialmente en industrias y establecimientos cuya actividad pueda suponer un riesgo para la población», señalaron en una nota ambas administraciones al término de la reunión.

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