ACUERDOS
Junta, empresarios y sindicatos firman un pacto contra la precariedad laboral
Destina 542 millones a mejorar la calidad del empleo, de los cuales 74 a incentivos a la contratación indefinida
El gobierno de Susana Díaz está esprintando en este tramo final del curso político para cerrar su agenda social antes de que empiecen las vacaciones de verano. En una semana ha firmado tres acuerdos: con los sindicatos de funcionarios para el empleo público, con las cooperativas y la economía social y, hoy, con CEA, CC.OO. y UGT, para «mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo».
Así, la Junta de Andalucía destinará 542,44 millones de euros a 173 medidas «para reducir el desempleo, luchar contra la precariedad y proteger los derechos de los trabajadores». Para la lucha contra la precariedad laboral, se incluye un programa de incentivos dotado con 74 millones de euros para que las empresa hagan contratos indefinidos.
Este Acuerdo por la Calidad y Estabilidad en el Empleo y de Apoyo a la Negociación Colectiva en Andalucía se ha firmado esta mañana en el Palacio de San Telmo por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, el presidente de la CEA, Javier González De Lara, y las secretarias regionales de CC.OO. y UGT, Nuria López y Carmen Castilla.
Un año de trabajo
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presidido la firma de este documento, que en sus once ejes incluye 173 iniciativas «para el refuerzo y adecuación de las políticas activas de empleo; actuaciones y ayudas concretas para reducir el paro y fomentar la estabilidad en los contratos; programas de mejora de la salud laboral o la defensa de un nuevo modelo formativo», entre otras. El plazo de ejecución de estas medidas se ha fihjado hasta 2019.
El acuerdo se firmado tras «un año de intenso trabajo», según ha señalado Susana Díaz tras la rúbrica, en un acto institucional celebrado en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo. La jefa del Ejecutivo ha subrayado que el objetivo es que «los trabajadores, las familias y las casas» noten la recuperación económica. «No hay ninguna otra comunidad a autónoma en España que va ya poner sobre la mesa 542 millones para fomentar la estabilidad en el empleo en el ámbito de nuestras competencias», ha afirmado.
El presidente de los empresarios andaluces ha hecho un discurso institucional en el que ha reivindicado el papel de la empresa en la recuperación económica y la creación de empleo. «Que se legisle pensando en el crecimiento de la empresa y no se lastre su competitividad» con una fiscalizad excesiva, ha reivindicado el empresario malagueño.
Enfermedades profesionales
La secretaria general de UGT-A ha destacado que este acuerdo sobre empleo «es una pata importante de la concertación social», y ha enumerado medidas como un plan específico para parados de larga duracióno un sistema de detección de enfermedades profesionales, con especial incidencia en el cáncer de origen laboral.
Por su parte, la secretaria general de CC.OO. ha incidido en que el objetivo es la recuperación llegue a todos y no deje «a nadie en la cuneta». E n presencia de la cúpula de la patronal andaluza, ha criticado a «los empresarios que lastran una la negociación colectiva más integradora y dinámica».
Este proceso supuso la formación de cuatro mesas técnicas (seguridad laboral, políticas activas de empleo, formación y negociación colectiva), de las que se obtuvieron como conclusión 173 medidas y que un año después han propiciado esta batería de actuaciones que se desarrollarán hasta finales de 2019, periodo de vigencia del acuerdo.
El bloque con mayor aportación presupuestaria, 339 millones de euros, prácticamente el 62% del compromiso financiero, es el dedicado a la «aprobación y el impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad», que apuesta por medidas que favorezcan la reducción del desempleo y la puesta en marcha de incentivos económicos a la contratación estable. En este apartado también se comprometen los firmantes al desarrollo de planes de empleo en colaboración con los ayuntamientos, el desarrollo de prácticas no laborales y ayudas a la contratación de los jóvenes como el Bono Empleo.
La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha algunas de las medidas incluidas en este bloque, como los incentivos a la contratación estable y el Bono Empleo, cuya convocatoria se publicó en BOJA la pasada semana y que cuenta con un presupuesto de 74 millones de euros . Entre las ayudas de esta convocatoria, se incluyen incentivos que pueden alcanzar hasta 12.100 euros por contrato estable, o los 6.000 euros por la contratación de un joven que cumpla con las condiciones del programa Bono Empleo.
Políticas activas de empleo El segundo capítulo con mayor dotación presupuestaria, 159,45 millones de euros, es el destinado a la «adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral». En este punto se acuerda desde la puesta en marcha de un procedimiento de recualificación de los trabajadores en los sectores más afectados por la crisis, hasta el desarrollo de prácticas profesionales y planes integrales de formación e inserción en colaboración con las principales organizaciones empresariales de carácter sectorial.
La adaptación de los servicios de orientación profesional; programas para parados de larga duración; el refuerzo de los servicios de asesoramiento al trabajo autónomo y la economía social o medidas de fomento del empleo para demandantes de empleo que sufren algún tipo de discapacidad son otras líneas de actuación que componen este bloque, en el que los agentes sociales y la Junta también se comprometen a «reclamar al Gobierno central la revisión de los criterios de reparto de las políticas activas de empleo que perjudican a las personas desempleadas que residen en territorios con mayor tasa de paro y mayores dificultades de inserción».
Nuevo modelo formativo Otro eje importante del acuerdo, dotado con 35 millones de euros, es la puesta en marcha de un nuevo modelo formativo adaptado a las demandas del tejido productivo, especialmente en los sectores aeronáuticos y naval en Andalucía y a los nuevos perfiles relacionados con los procesos de digitalización de la economía.
Con este objetivo se pondrá en marcha previamente, y de manera conjunta con los agentes económicos y sociales, un sistema de detección de las necesidades formativas para mejorar los canales de transferencia de conocimiento. También se instará al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de Formación Profesional para el Empleo.
Asimismo, la Consejería fortalecerá el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y mejorará la calidad de este servicio púbico, para lo cual se reforzarán los recursos tecnológicos e infraestructuras con una partida de 6 millones de euros, dentro de la ejecución de un Sistema de Evaluación de las Políticas
Activas de Empleo. El SAE elaborará para ello una encuesta sobre la calidad del empleo, el tipo de contratación, los sectores y la actividad donde se desarrollan los contratos, entre otros aspectos.
Negociación colectiva
El acuerdo incluye igualmente el desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva andaluza (2018-2021), con 1,13 millones de euros de presupuesto. Con esta actuación se busca reactivar la negociación pendiente o desfasada, fomentar la incorporación de la mujer a los procesos negociadores y facilitar la formación especializada de las personas implicadas.
En este sentido, se ha convenido afianzar el diálogo y la concertación social para establecer acciones que generen empleo estable y de calidad, con especial hincapié en aquellos colectivos más desfavorecidos y castigados por la crisis económica. Por otro lado, el pacto recoge que se instará al Gobierno central para que refuerce los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, dotándolos de un cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral suficiente y constituyendo Unidades de Seguridad y Salud Laboral en todas las provincias andaluzas, como instrumento necesario para la lucha contra la siniestralidad laboral.
Además, la Junta se ha comprometido a desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía para el conjunto de los sectores productivos, con atención particular al cáncer de origen laboral. Esta medida, que cuenta con una inversión de unos 300.000 euros, conllevará un plan de actuación y su adaptación a los cambios del mercado laboral.
Dentro de este mismo ámbito de la salud laboral, se realizará un análisis periódico de la siniestralidad laboral en todos los sectores, especialmente en la construcción y la agricultura, para la planificación de campañas específicas; se desarrollará anualmente el Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL; y se reforzará la figura del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Siniestralidad
También se destinarán 600.000 euros a la puesta en marcha con una periodicidad anua l de una campaña de sensibilización en seguridad y salud laboral, para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y sensibilizar a la sociedad andaluza sobre cultura preventiva.
Por último, se ha acordado impulsar en los procesos de contratación pública las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos se cumplan las condiciones sociales o laborales previstas en los convenios colectivos que resulten de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.a Junta destinará 542 millones para reducir.
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