La Junta desmonta el misterio de un supuesto informe falso en el juicio del caso ERE de Andalucía

Entre los miles de folios que tiene en su poder el tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política del caso ERE figuran dos documentos idénticos del Gobierno andaluz con una fecha de certificación distinta. Los expedientes de la discordia son dos copias de una modificación presupuestaria para ampliar en 2,99 millones el programa que financiaba las ayudas sociolaborales y para empresas en crisis que se investigan.

Los letrados del PP dirigieron ayer un escrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que enjuicia entre otros a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para que investigue si los hechos «fuesen constitutivos de delito de falsedad documental o, incluso, de estafa». Al Gobierno andaluz le bastaron pocas horas para desmentir la supuesta falsedad . Desde la Junta remitieron a ABC las copias del mismo documento que obra en los archivos de tres departamentos distintos, Empleo, Presidencia y Economía y Hacienda. Se trata en realidad del mismo documento guardado por distintas consejerías. De ahí que la fecha de certificación varíe, explican fuentes oficiales del Ejecutivo andaluz, versión que corroboran otras fuentes técnicas consultadas por este periódico.

Como es preceptivo, la propuesta de la ampliación de crédito fue elevada al Consejo de Gobierno andaluz el pasado 21 de diciembre por el entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, y aprobada por el máximo órgano ejecutivo de la Junta en una sesión posterior del 28 de diciembre , previo paso por la Comisión General de Viceconsejeros, el llamado «consejillo» el 22 de diciembre de dicho año.

Mientras en el expediente incorporado a la causa inicialmente se aprecia que está sellado con fecha de certificación del 28 de diciembre, coincidiendo con el día del acuerdo del Consejo de Gobierno, en el otro expediente que acredita el aumento de la partida 31L la fecha de la certificación es del 30 de dicembre, dos días más tarde. Este segundo documento fue aportado a la causa el 5 de abril por José María Mohedano, el abogado de Griñán, «con el único fin de subsanar las deficiencias de la copia del documento existente», según el escrito que elevó a la sala.

Dicho documento fue solicitado por Mohedano a través del Portal de la Transparencia, no por la vía del tribunal, y exhibido en el juicio durante la comparecencia de Griñán. Por un error en el envío del fax no se adjuntó el informe preceptivo y no vinculante de la Intervención y las firmas del director de Presupuestos y del jefe de servicio que «por autorización» [una fórmula poco usual] comprueba el expediente original y el extracto enviado al Consejo.