La Junta de Andalucía dobla la ejecución media de los fondos europeos desde 2014

El Gobierno del cambio tiene que ejecutar 6.000 millones en los próximos cuatro años o los perderá

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco Juan Flores

Stella Benot

El Gobierno andaluz ha empezado a gastar el dinero que le ha concedido la Unión Europea. Y era uno de los retos del nuevo Ejecutivo, que tenía entre sus principales tareas gastar 6.123 millones de euros antes del año 2023 o, de lo contrario, tendría que devolver esos fondos a las arcas europeas lo que supondría no sólo una grave pérdida de ingresos para la comunidad autónoma sino, además, una importante penalización para las consignaciones de los años siguientes.

Según ha podido saber ABC de fuentes del Gobierno andaluz, en los primeros nueve meses de este año 2019, la Junta ha ejecutado —es decir que ha pagado por obras y proyectos concretos— un total de 1.020 millones de euros, lo que supone un 72% más de la media de ejecución de los fondos europeos el anterior equipo de Gobierno de Susana Díaz. El balance de gasto medio anual entre los ejercicios 2014-2018 no superaba los 595 millones de euros ejecutados, lo que ha supuesto un importante problema de gestión.

Para el marco 2014 a 2018 (ampliable hasta 2020), la Unión Europea había concedido a Andalucía 8.554 millones de euros en diversos programas europeos. Sin embargo, cuando el nuevo equipo de Gobierno llegó a la Junta se encontró con que la ejecución era de tan sólo 2.381 millones de euros, con el plazo ya cumplido. Faltaban por gastar más de seis mil millones de euros que estaban en un limbo. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, responsable de la Oficina de Fondos Europeos, se acogió a la fórmula N+3, por lo que el plazo de gasto se amplió hasta 2023. Precisamente en aras de esos requisitos, el 26 de marzo pasado, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo de medidas para el seguimiento y la reactivación de la gestión de los fondos europeos en el ejercicio 2019-2020, que ha tenido como resultado el gasto de 1.020 millones.

Tras varios avisos y toques de atención en los años anteriores, la Unión Europea envió a Andalucía a la directora general de Política Regional y Urbana, Marián Raduta, para inspeccionar de primera mano cómo se estaban gastando los fondos que Europa manda a Andalucía. El 24 de abril se produjo esta visita y la conclusión fue clara: una advertencia seria por las «disfuncionalidades derivadas de la baja ejecución» y la necesidad de una aplicación efectiva de medidas para paliar la situación.

La Junta reactivó entonces el plan de seguimiento de los fondos europeos que está implantado en todas las consejerías que manejan dinero de la Unión Europea. Pero también surgieron dificultades porque el 7 de mayo dimitió con polémica la directora general de Fondos Europeos, Isabel Álvarez Carmona. Según dijo entonces el consejero Rogelio Velasco, «no estaba ejerciendo correctamente sus funciones». Su sustituto ha sido Carlos de la Paz, nombrado el pasado 17 de septiembre, cuatro meses después. Durante todos esos meses, precisamente en los que se ha implantado el plan de gasto, estas tareas han recaído en el Secretario General de Economía, Manuel Hidalgo, que ha estado centrado en mejorar la gestión de estos fondos.

Polémica política

El gasto de los fondos europeos ha supuesto uno de los principales enfrentamientos entre el Gobierno del cambio de PP y Ciudadanos y los socialistas. El consejero de Economía ha censurado en numerosas ocasiones en el Parlamento la mala ejecución de estos fondos y los graves problemas que eso acarrea a la Economía andaluza, para la que este dinero de la UE es una auténtica tabla de salvación.

Hay sectores particularmente sensibles como la agricultura y la ganadería, además de los fondos para innovación y desarrollo, que suponen un respiro para el sector industrial.

Desde el PSOE, Felipe López, portavoz en la comisión de Fondos Europeos en el Parlamento andaluz , ha defendido que no se ha perdido ni un sólo euro de dinero de Europa durante la gestión socialista. Confiándose, eso sí, a sucesivas prórrogas para el gasto como la que ahora está en vigor.

Uno de los principales problemas eran los procedimientos de gestión. Porque la Junta no contaba hasta este ejercicio con ningún sistema informático para verificar el estado de ejecución de este dinero que es obligatorio justificar. Había que ir consejería por consejería indagando en los programas concretos, ya que tampoco estaba implantada ninguna herramienta interna de control.

El resultado de esta falta de medios tecnológicos ha sido un importante descontrol de este gasto, lo que no significa que el dinero no se haya gastado en lo debido o que no esté en proceso de gasto, sino que era muy complicado verificar que efectivamente ha sido así.

El objetivo

El departamento que dirige Rogelio Velasco tiene unas buenas perspectivas para el cierre de este año 2019. Según los datos oficiales del Gobierno andaluz, se estima que a 31 de diciembre, se habrán certificado 1.127 millones de euros, otros cien millones de euros más en tan sólo tres meses, octubre, noviembre y diciembre. Este incremento se justifica porque en el último trimestre del año es cuando suben los niveles de certificación y ejecución de las empresas y organismos a los que llega este dinero.

Certificaciones

El gasto del dinero procedente de la UE no es sencillo. En primer lugar porque sólo son subvencionables proyectos e inversiones que cumplen unos requisitos concretos. Además hay que guardar todas las facturas y justificar debidamente que el dinero se ha empleado en el objetivo propuesto y no se ha desviado a ninguna otra parte. Se trata de medidas anticorrupción pero también de cláusulas que impiden la competencia desleal y que estos fondos europeos vayan a parar a proyectos viables y con futuro y no se pierdan en proyectos imposibles.

En este escenario, las previsiones del Gobierno andaluz pasan por contemplar unas certificaciones por valor de 2.357 millones de euros al final de este año 2019. Una cantidad que supone tres veces más de la que se consiguió de media entre los años 2015 y 2018.

Para cumplir con los plazos exigidos por la UE, Andalucía deberá gastar en los próximos cuatro años, hasta el año 2023, al mismo ritmo que este año y así podrá cumplir con el reto pendiente: gastar seis mil millones de euros de fondos europeos en diferentes proyectos e iniciativas para incentivar la Economía andaluza.

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