CASO ERE EN ANDALUCÍA
La juez Núñez archiva otras tres investigaciones del caso ERE en Andalucía por prescripción de los delitos
Los archivos afectan a piezas separadas sobre ayudas fraudulentas que suman casi 850.000 euros
La causa de los ERE sigue menguando. La juez María Núñez Bolaños, ha acordado tres nuevos archivos de piezas separadas del caso al considerar que ha caducado el plazo legal para perseguir supuestos delitos atribuidos a empresarios investigados por recibir distintas ayudas irregulares.
En apenas tres días, entre el 24 y el 26 de abril pasados, la instructora de esta macrocausa ha dictado autos por los que decreta el sobreseimiento de tres investigaciones por la prescripción de los delitos. Los archivos afectan a ayudas que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo concedió a las empresas Below Marko S. L. (que recibió una subvención de 447.754 euros); Escayolas Saavedra S.L. y Yecom S.A. (300.000 euros) y Fábrica de Muebles S.L. (100.000 euros). En total, la cuantía de las nuevas prescripciones se eleva a 847.754 euros que salieron de la partida presupuestaria 31L.
La ayuda concedida por la Junta de Andalucía a Below Marko S.L. se remonta al 20 de marzo de 2003. Esta sociedad promotora de congresos recibió la ayuda excepcional de 447.754 euros, sin procedimiento ni publicidad y de manera arbitraria , como el resto de los fondos públicos repartidos a través del sistema «opaco» que funcionó desde 2000 a 2010. Fue la Fiscalía Anticorrupción la que advirtió a la juez -en un escrito del 4 de abril- de que «los hechos estarían prescritos».
Las ayudas del caso ERE afectadas por la prescripción suman casi 850.000 euros
El primer pago se realizó en diciembre de 2003 por importe de 300.000 euros y la cantidad restante se ingresó el 30 de enero de 2004. Siguiendo el criterio marcado por la Fiscalía, la Audiencia de Sevilla estableció que si una ayuda es inferior a 450.000 euros y ha transcurrido más de una década desde el último pago hasta que se imputó a los supuestos responsables penales, los delitos habrían caducado. Por esta razón, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos investigados en estas diligencias.
Respecto a la ayuda para las mercantil Escayolas Saavedra y su filial, por el que había tres personas investigadas, una de ellas ya fallecida, la juez declara prescrito el delito de fraude en subvenciones.
En otro auto del 25 de abril pasado, con el mismo argumento, la juez archiva la investigación abierta por otra ayuda excepcional de 100.000 euros concedida el 28 de enero de 2009 a la empresa Fábrica de Muebles S.L . El pago se realizó el 20 de marzo de 2009. En este caso la Fiscalía presentó un recurso contra el archivo provisional de esta pieza por la instructora.
Núñez alegó que estaba a la espera de recibir el informe de la Guardia Civil. La Sección Séptima de la Audiencia obligó a la juez a adoptar diligencias en una pieza desgajada del caso ERE relativa a las ayudas a Pacsa Sanders y citar a los investigados «a los efectos de interrumpir los plazos de prescripción», auto que le recordó el Ministerio Público en su recurso.
La persecución del delito decae a los diez o quince años dependiendo del delito y de la cuantía, pero el reloj no se detiene hasta que se cita a los investigados por alguna de las ayudas.
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