El jefe de servicio de Formación de Córdoba , Manuel Gavilán, ha hablado más claro que el resto de sus compañeros que han pasado hasta ahora por la comisión de investigación de los cursos de formación.
En su intervención se ha mostrado en contra del criterio del interventor provincial de Córdoba que alertaba de irregularidades y destacaba que muchos de los expedientes tramitados no cumplían con los requisitos legales. A este respecto, Gavilán ha dicho que su informe «no tiene fundamento y se contradice; se va a estudiar en las escuelas de auditorías como un ejemplo de mala praxis ».
Manuel Gavilán , ha desvelado que desde el año 2008 y hasta 2011 se destinaron en Córdoba 130 millones de euros para cursos de formación, tanto gestionados por la provincia como en otros que tenían carácter multiprovincial.
Manuel Gavilán ha negado rotundamente todas las irregularidades pero ha matizado que el sistema era «perverso» porque permitía las justificaciones a tres años y en entidades que tenían muchas subvenciones, como los ayuntamientos, «eran imposibles de justificar».
En este mismo sentido, la respondido a la portavoz de IU, Elena Cortés, que la exceptuación de la justificación que se concedía a muchas empresas, «no ha generado ningún tipo de daño a terceros», una afirmación que Cortés ha rebatido asegurando que este tipo de prácticas están siendo investigadas por el juzgado número 6 de Sevilla, precisamente por su presunto daño a terceros.
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