El jefe de servicio de Cádiz asegura que el sistema de control «no le daba mucha tranquilidad»

El jefe servicio de la Dirección General Formación de Cádiz entre 2006 y 2013, Antonio Vidal Agarrado, ha puesto de manifiesto este martes que el sistema de auditoría en la justificación de los expedientes de los cursos de formación, aunque era un procedimiento «legal y establecido», no les daba «mucha tranquilidad», por lo que lo que puso en conocimiento de su superior.

Según la normativa, mediante la firma de un auditor se validaban todas las facturas presentadas por las empresas concesionarias de los cursos de formación, pero los funcionarios no veían los originales de estas facturas ni tenían acceso a las mismas. Así, tampoco podían verificar que esos gastos se imputasen correctamente a los que se podían pagar con las subvenciones de la Junta.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación del Parlamento, Antonio Vidal, que está imputado en el caso de las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta, también ha señalado que respecto a la normativa que regulaba las subcontrataciones y las vinculaciones, «que es bastante compleja en formación», por lo que pidió un informe al Gabinete Jurídico «para tener garantía y un respaldo».

El jefe de servicio de Formación en la provincia de Cádiz ha hecho hincapié en que los recursos humanos y materiales con los que contaba su departamento «se han ido reduciendo paulatinamente», si bien ha incidido en que lo más grave en este sentido ha sido la falta de formación de los funcionarios que trabajaban con estos expedientes. A pesar de ello, ha defendido el trabajo de su departamento y ha explicado que se hacían visitas de inspección a los cursos para verificar que se estaban dando efectivamente.

Según sus palabras, el trabajo que se hacía por parte de los funcionarios era correcto y se cumplía con la legalidad.