Los ingresos de la lucha contra el fraude se duplican en la última década

En el primer trimestre de este año ha quedado constatado que Hacienda no está en funciones. Solo hay que poner el foco en tres fechas. El 22 de enero miembros de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarrollaban la operación «Davy Jones», en la que arrestaron a un ciudadano holandés, afincado en la prestigiosa urbanización de La Zagaleta de Benahavís, que había forjado un conglomerado empresarial con la venta de gafas por internet y ocultó su patrimonio (valorado en 25 millones de euros) en un entramado de sociedades opacas radicadas en Gibraltar, un paraíso fiscal a tan solo 60 kilómetros de su lujoso domicilio.

Apenas tres semanas después —el 18 de febrero— a muy pocos kilómetros de la mansión intervenida en «Davy Jones» se produjo una detención más mediática, la de Ramón Mesas, el fundador de los restaurantes La Pesquera. Este famoso restaurador marbellí, ya en libertad bajo fianza, está investigado por utilizar una doble contabilidad gracias a un sofisticado programa de software.

Enviaba parte de sus ganancias ocultas a destinos como Suiza y Andorra, utilizando sociedades localizadas en el Peñón. En ambos casos la intervención de la Guardia Civil se produjo como consecuencia de las pesquisas de la Agencia Tributaria hace ya dos años. Al día siguiente del golpe a La Pesquera, la Agencia peinó una red de carnicerías con 73 sociedades (seis de ellas en Andalucía) con unos ingresos conjuntos de 650 millones de euros que podrían haber ejecutado una doble contabilidad.

¿Se trata de una sucesión casual de operaciones o de un cambio en el enfoque contra el fraude fiscal? Las cifras hablan por sí solas. En 2006 la recaudación líquida tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla era de 10.520 millones de euros, mientras que el pasado año esta cifra se situó en 8.092 millones. Es decir, actualmente ciudadanos y empresas aportan a las arcas públicas una cantidad que es un 25% inferior a la de la época del boom económico. Pero la tendencia en los resultados de la lucha contra el fraude fiscal es radicalmente distinta. Hace diez años las arcas públicas obtenían 740 millones por la investigación de conductas irregulares, mientras que en el pasado ejercicio esta cantidad prácticamente se multiplicó por dos al superar los 1.400 millones de euros. Con lo cual, el dinero que entra en la caja crece casi un 100%, con la dificultad añadida de que han sido ejercicios marcados por la recesión.