María Núñez Bolaños en una imagen de archivo
María Núñez Bolaños en una imagen de archivo - ABC
Tribunales

El informe de la Junta de Andalucía sobre Ojeda está sin entregar 32 meses después de encargado

La juez Núñez encargó en 2016 a un perito que analizara las cuentas del exconsejero de Hacienda

SevillaActualizado:

No llevaba un año al frente del juzgado que investigaba las macrocausas de los ERE y Formación cuando María Núñez Bolaños acordó relevar a los interventores del Estado, a los que su antecesora, Mercedes Alaya, había pedido que analizaran el presunto fraude de la formación. En su lugar la nueva instructora encargó a interventores de la Junta de Andalucía que elaboraran los informes periciales sobre distintas causas relacionadas con las irregularidades en las subvenciones concedidas por la misma Administración autonómica para impartir cursos.

El cambio no ha servido para desatascar investigaciones heredadas de la anterior responsable judicial que llevan coleando desde hace un lustro. Un ejemplo es lo que ha sucedido con el informe pericial que la juez Núñez encargó el 4 de julio de 2016 a un técnico de la Intervención de la Junta para estudiar las cuentas que el exconsejero andaluz Ángel Ojeda tiene en el extranjero. Han pasado más de dos años y medio, exactamente 32 meses, desde que hizo esta encomienda y este informe clave para avanzar en la investigación aún no ha llegado al juzgado.

Providencia

El pasado 11 de marzo, la magistrada dictó una providencia por la que instaba a entregar ya esta prueba al perito Pedro Antonio Zorrero, que trabaja en el departamento de control financiero de la Intervención General de la Junta. «Visto el tiempo transcurrido, recuérdese el urgente cumplimiento del informe pericial encomendado el pasado 4 de julio de 2016», expuso en su escrito. En esta pieza separada del caso Formación se sigue el rastro de los 33,3 millones de euros en subvenciones excepcionales que el Gobierno andaluz concedió al «entramado de empresas» del exconsejero de Hacienda (que ocupó el cargo en 1987) para impartir cursos a los trabajadores que había dejado en el paro el cierre de la factoría de la multinacional Delphi en Puerto Real, Cádiz.

Mediante la citada prueba pericial, la juez Núñez quiere recibir información sobre el trasvase de capitales del grupo Prescal. Ojeda montó a partir de 1996 un «holding» que tenía alrededor de 60 centros con aulas homologadas en los que había invertido 9 millones de euros, además de sucursales repartidas por países como Brasil, Polonia, Chile o Gran Bretaña.

El Ejecutivo socialista tenía prisas por aplacar las movilizaciones de Delphi

Acuciado por la escalada de protestas de los exempleados de Delphi, la Junta impulsó en julio de 2009 un plan de 106 millones de euros, consensuado con los sindicatos, que consistía en pagar nóminas y seguros sociales a los despedidos vinculándolos a la formación. El Ejecutivo socialista tenía prisas por aplacar las movilizaciones. Y recurrió a Ojeda, entre otros empresarios, para que lo pusiera en marcha a cambio de recibir 33,3 millones de euros, de los cuales 18 millones fueron a pagar contratos y 14,15 a financiar cursos.

En su declaración ante la juez en mayo de 2016, el exconsejero andaluz, investigado por presunta falsedad documental y fraude de subvenciones, lamentó que los cursos fueron una «ruina» para sus empresas y aseguró que la Junta aún le debía cinco millones de euros que fueron justificados «hasta el último céntimo» por sus empresas.