Golpe a la Formación Profesional

El Gobierno le quita a Andalucía 430 millones de sus políticas de Empleo

La cuota de formación profesional que pagan empresas y autónomos se destinará a pagar las prestaciones por desempleo. La medida no ha sido consensuada con las autonomías

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo ABC

L. M. R.

Jarro de agua fría a la reactivación de la formación para el empleo en Andalucía. El mismo día que se publicó la licitación por parte de la Junta (por importe de 41 millones de euros), el gobierno central ha aprobado una nueva medida -recogida en el Real Decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros- que dificulta la puesta en marcha de estas políticas activas de empleo.

El Gobierno ha modificación la Ley de Presupuestos Generales del Estado por la que, de manera excepcional, permitirá que la cuota de formación profesional para el empleo que pagan empresas y trabajadores se destine a financiar cualquiera de las prestaciones y subsidios por desempleo debido al impacto de la crisis sanitaria. Esto supone un recorte de 430 millones de euros para Andalucía y más de 2.300 millones al conjunto del sistema autonómico.

«Esta medida, al igual que otras en el ámbito laboral, se ha tomado desoyendo las recomendaciones de las comunidades y sin posibilidad de que éstas puedan proponer alternativas más ágiles y eficaces para hacer frente a la crisis», indican fuentes de la Consejería dirigida por Rocío Blanco.

Andalucía ha consensuado con otras comunidades su contrariedad ante esta decisión unilateral del Gobierno de España , lo que ha desembocado en una carta dirigida a la Ministra de Trabajo, anticipándose así a la reunión vía telemática que mantendrán hoy con motivo de la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

La carta está suscrita por Andalucía junto a otras comunidades gobernadas por el PP y Ciudadanos, y manifiestan su decepción ante una decisión «adoptada de manera improvisada y sin atender a propuestas que se han trasladado incluso por escrito».

«En un menosprecio del Ministerio de Trabajo al papel que realizan por las comunidades para crear empleo , ya que elimina, prácticamente, cualquier posibilidad de poner en práctica las políticas activas, ya sea de formación o cualquier otro tipo de incentivo, limitando severamente la posibilidad de colaborar en la recuperación de la normalidad en el menor tiempo posible», indica la misiva, a la que ha tenido acceso ABC.

Con esta decisión los trabajadores duplican su aportación para el mismo fin, puesto que «los empleados pagan ya una cuota para cobrar la prestación por desempleo».

Añaden en su carta a la Ministra la necesidad de «dotar de los recursos necesarios a las políticas activas de empleo con la finalidad de poder reaccionar rápidamente al impacto de la crisis, habilitando todos los recursos posibles a mantener el empleo, sin dejar por ello de dar cobertura a las personas que más lo necesiten».

El error de los ERTE

Esta medida adoptada ayer se suma a otras acometidas por el Gobierno estatal «como es el caso de la opción de la vía de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, frente a la opción utilizada entre otros países como Dinamarca , de pago directo a las empresas de una parte de los costes laborales” en caso de estar directamente afectada por la crisis. «Esta opción se podría haber realizado de forma rápida y sencilla, a diferencia del inmenso aluvión de expedientes a resolver, generado por la presentación de cientos de miles de solicitudes».

«El Ministerio no ha consultado previamente las decisiones con quienes son parte fundamental del procedimiento , a lo que se suma una información insuficiente sobre la gestión de los ERTEs, que en ocasiones ha sido confusa e incluso contradictoria», relata la misiva.

Reclaman, por tanto, una actitud recíproca ante la respuesta que se está mostrando por parte de todas las consejerías de Empleo de las comunidades autónomas, «redoblando esfuerzos para afrontar el enorme reto que se les ha trasladado, colaborando con lealtad institucional para la consecución del principal objetivo: que los trabajadores puedan percibir la prestación por desempleo en el menor tiempo posible».

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