Brote de Listeriosis

El gerente del laboratorio que detectó listeria declara ante la juez que Magrudis lo sabía desde febrero

Mariano Barroso ratifica que comunicó dos veces a la fábrica la contaminación y luego se lo trasladó al juzgado

Juan Antonio Marín, esposado tras declarar en el juzgado el 26 de septiembre pasado Manuel Gómez

Antonio R. Vega

El dueño de Magrudis, la empresa causante el mayor brote de listeriosis que ha habido nunca en España, conocía que su carne mechada estaba contaminada con listeria monocytogenes seis meses antes de que la Junta de Andalucía decretara la alerta sanitaria, el 15 de agosto pasado, a raíz de la masiva intoxicación provocada por el consumo de la carne mechada fabricada por la sociedad sevillana, que vendía bajo la marca comercial «La Mechá».

Así lo ha ratificado en el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla el gerente de Laboratorios Microal, Mariano Barroso . En su declaración como testigo en la causa abierta por de irregularidades cometidas por esta fábrica, Barroso ha confirmado que analizó dos muestras de carne mechada el 18 de febrero por encargo de la empresa y que cuatro días más tarde comunicó a Magrudis, tanto por correo electrónico como por teléfono en dos ocasiones, que había presencia de listeria, según indicaron fuentes del caso a ABC.

Barroso defendió que no estaba obligado a comunicarlo a las autoridades. Tampoco lo hizo ningún responsable de la fábrica, que no se puso en contacto con las autoridades sanitarias del Ayuntamiento de Sevilla o de la Consejería de Salud y Familias para advertirle de que un producto de su fábric había dado positivo en listeria ni encargó a Microal un nuevo análisis para cuantificar la concentración de la bacteria en la carne mechada. Un informe pericial posterior, fechado el pasado 3 de marzo, certificó que contenía entre «3.700 y 149.900 veces la contaminación máxima tolerable» de esta bacteria, atendiendo a la normativa vigente.

Plan de autocontrol

El gerente de la empresa de control de calidad e investigación especializada en el sector agroalimentario y medioambiental, que estuvo declarando en el juzgado como testigo durante una hora y veinte minutos , recordó que el informe fue remitido al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que dirige Pilar Ordóñez. La magistrada incorporó a la causa este informe, en su poder desde el 9 de septiembre, y fue enviada copia a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, encargada de la investigación.

Durante su declaración judicial, Mariano Barroso, que contestó las preguntas de la juez, la Fiscalía, las defensas y acusaciones, explicó que a principios de 2016 redactó el plan de autocontrol por encargo de Magrudis, que comparó con un manual de instrucciones que establece una serie de pautas para producir con unas garantías para la salud de los consumidores. Según indicó este testigo, dicho plan de autocontrol fue modificado después por Biocontrol , otro laboratorio que no estaba homologado para analizar muestras, que subcontrataba con otra empresa.

Barroso ha defendido que Microal nunca estuvo contratada por Magrudis para prestarle «asesoramiento microbiológico», como señalan desde la representación jurídica del dueño real de la fábrica, José Antonio Marín Ponce, que está en prisión desde el 26 de septiembre , junto con su hijo mayor, Sandro Marín, acusados de cometer supuestos delitos contra la salud pública, cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, seis delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave.

La carne mechada elaborada por Magrudis contaminada con listeria ha intoxicado a más de 200 personas, ha causado el fallecimiento de cuatro pacientes de edades avanzadas y que al menos seis mujeres abortaran desde que se decretó la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto.

Fianza de 5 millones

La jueza impuso el pasado 27 de febrero una fianza solidaria de cinco millones de euros a los encausados . La Fiscalía de Sevilla solicitó una fianza de un millón, mientras que la asociación de consumidores Facua, personada como acusación particular, reclamó un millón y medio, igual que las defensas de nueve perjudicados.La magistrada cree que "son indudables los indicios racionales de criminalidad" respecto a estas cinco personas, quienes serían responsables de los hechos investigados constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia y seis de aborto por imprudencia, además de delitos de lesiones por imprudencia, cuyo número está por determinar.

La investigación se centra por ahora en el dueño real de la fábrica y sus dos hijos, Sandro y Mario, así como Encarnación e Isabel Rodríguez, esposa y cuñada, respectivamente, del gerente de José Antonio Marín Ponce. También se investigan a las sociedades de la familia Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario .

El informe del perito veterinario entregado a la juez destaca « la falta de higiene o eficiencia en las operaciones de limpieza y desinfección de útiles, maquinaria y superficies». En sus conclusiones, el experto también hace constar que, además del riesgo de contaminación cruzada, la falta de limpieza en los útiles, superficies o maquinaria convierte a éstas en un «nicho ecológico como hábitat para un crecimiento de las colonias de listeria» facilitando el desarrollo de las bacterias.

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