Caso ERE
La Fiscalía sostiene que la Junta de Andalucía «enriqueció» al Grupo Joly con los ERE «de modo fraudulento»
Anticorrupción recurre el auto de la juez Núñez sobre la ayuda de 8 millones y pide imputar a cinco ex altos cargos de Empleo y el presidente del grupo
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que le solicita que revoque un auto de la juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños , sobre la ayuda supuestamente fraudulenta de 8 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió para financiar los ERE promovidos por sociedades del Grupo Joly.
En su recurso, el Ministerio Público sostiene que esta subvención sirvió « para enriquecer de manera injusta » y «de modo fraudulento» a empresas pertenecientes al grupo editor de cabeceras como Diario de Cádiz y Diario de Sevilla. No fue «una ayuda individual en favor de los miembros de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz». Rebate así uno de los principales argumentos empleados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el auto dictado el 3 de junio pasado. La instructora sólo llamó como investigado al presidente de la asociación, Juan Romero Huertas, en esta pieza desgajada del caso ERE.
El hecho de que la ayuda se concediera «formalmente» a la citada asociación por la Dirección General de Trabajo de la Junta «no es más que un artificio para ocultar al auténtico beneficiario de la ayuda : las sociedades ya citadas pertenecientes al Grupo Joly»: Diario de Cádiz S.L., Diario de Jerez S.A., Industrias Gráficas Gaditanas S.L., Ediciones Europa Sur S.L., Federico Joly y Cía S.A. y Joldis S.A., argumentan los fiscales en su escrito del 24 de junio al que ha accedido ABC.
El hecho de que la ayuda se concediera «formalmente» a la asociación laboral «no es más que un artificio para ocultar al auténtico beneficiario de la ayuda»
«La ayuda a las sociedades del Grupo Joly se concedió y pagó con el más absoluto desprecio por el procedimiento legalmente establecido y supuso una libérrima disposición de fondos públicos para enriquecer de manera injusta a dichas sociedades», afirma Anticorrupción. Tales hechos «pudieran ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos», expone el recurso que deberá resolver la Audiencia. Pide, además, que sean incluidos como investigados cinco altos cargos de la antigua Consejería de Empleo y el presidente del grupo, José Joly. La instructora del caso ERE, de baja desde hace dos semanas por motivos personales, no imputó a ninguno de ellos. Ésta es una de las razones que ha llevado a la Fiscalía a impugnar su auto.
Para el Ministerio Público, no cabe duda de que «el beneficiario real» de la ayuda eran las empresas del grupo editor, y el objetivo, «financiar una serie de compromisos económicos adquiridos por tales sociedades con los trabajadores que se vieran afectados por la aplicación del Plan Social diseñado para el proyecto de consolidación y expansión» del grupo .
Apoyándose en abundante documentación extraída del sumario, la Fiscalía recoge cinco discrepancias con la juez a la hora de delimitar los hechos en la pieza de los ERE del Grupo Joly, que también ha estado sometida a demoras. Nuñéz inició estas diligencias el pasado 4 de octubre, pero seis meses después las archivó provisionalmente. En junio reabrió la causa después de que el Ministerio Público presentara un recurso .
La Fiscalía Anticorrupción acaba de denunciar a la juez ante el Consejo General del Poder Judicial por « la desatención y retraso injustificado » de los casos ERE, Avales y IDEA.
Políticos responsables
El primer desacuerdo se sustenta en que «el auto no especifica la identidad de las personas que, como el director general de Trabajo o sus superiores, decidieron conceder la ayuda a las sociedades del Grupo Joly o consintieron su concesión a sabiendas de su manifiesta ilegalidad y que de ese modo se dispusiera de modo fraudulento de fondos públicos».
El auto debe ser reformado, a juicio del Ministerio Público, para llamar como investigados a tres exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera , así como al exviceconsejero y exconsejero de Empleo Agustín Barberá y Antonio Fernández García , respectivamente. Guerrero «decidió conceder la ayuda» y firmó un protocolo de colaboración el 26 de octubre de 2004 por el que «se comprometía a pagar la póliza de seguro de prejubilación de 36 trabajadores afectados por los ERE» en empresas del Grupo Joly por un importe de 7.597.247 euros. Tras varios suplementos, la cuantía se fijó en 8.050.276 euros.
La Fiscalía incrimina a Guerrero, Márquez y Rivera, Barberá y Fernández, a los que la juez omite en su auto
El posterior convenio de colaboración que encomendó a la agencia pública IFA/IDEA el pago de la ayuda lleva también la rúbrica de este ex alto cargo, uno de los principales acusados en el único juicio de la macrocausa penal de los ERE celebrado, que está pendiente de sentencia . La Fiscalía destaca que los políticos no han sido enjuiciados por la concesión y pago de cada ayuda, sino por el diseño y financiación del sistema ilegal de reparto.
Pagos cruzados
Veinticinco días antes de su cese en 2008, Guerrero ordenó un desembolso de 2,1 millones de euros. Hubo abonos anteriores «a través del ilícito sistema de los pagos cruzados », apunta el recurso. Esta «irregularidad» permitió que fondos transferidos (cuantificados en 800.000 euros) a la aseguradora La Estrella para financiar una póliza fuera reasignados sobre la marcha al seguro contratado por la asociación de trabajadores y «aplicada a Grupo Joly». Esto provocó, «entre otros efectos contrarios a la ley, la ausencia de control en el pago de estas ayudas».
La juez no hace «ninguna referencia» a este sistema «para disponer de manera absolutamente arbitraria de fondos públicos », le reprochan los fiscales. Márquez y Rivera, que relevaron a Guerrero en la Dirección de Trabajo ordenaron también pagos, con el visto bueno del viceconsejero y el consentimiento del consejero. Los abonos de IFA/IDEA a la aseguradora hasta 2012 «ascienden, al menos, a 3,78 millones».
Anticorrupción tampoco comparte la decisión de la magistrada de incriminar sólo a miembros de la asociación creada para canalizar la ayuda , de cuya existencia la Fiscalía tiene «serias dudas», puesto que «ni siquiera se había constituido» cuando se suscribió el protocolo en octubre de 2004.
Desde el Grupo Joly han defendido, en cambio, que la ayuda fue directamente a la asociación de trabajadores y en ningún momento pasó por la contabilidad de la compañía.
Carta de Guerrero
«Existen elementos objetivos suficientes de que estamos ante una ayuda a las sociedades del Grupo Joly, debiendo ser llamado como investigado por tales hechos José Joly», señala. Los «elementos objetivos» que cita son el plan social de las empresas, el protocolo de colaboración y un escrito omitido por la juez que Guerrero envió «al Grupo Joly (A/A D. José Joly) por el que le anuncia “el compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años que resulten excedentes en el consecuente proceso de adaptación de plantilla”». El citado escrito pone las primeras cifras a la ayuda: «de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros», recuerda la Fiscalía.
El recurso incluye dos reproches más a la juez. Por un lado, cuestiona que no se impute a José González Mata , quien, a través de las sociedades Ingotor S.L. y Uniter S.L., «gestionó la contratación de la póliza» a sabiendas de que «la misma se iba a financiar de manera absolutamente injusta y arbitraria con fondos públicos», como era «práctica habitual». Por otro, critica que se cite como investigado al presidente de la asociación sin concretar «cuáles son esos hechos» delictivos cuya comisión le atribuye.
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