CASO AVALES
El fiscal reprocha a la juez Núñez que tiene parada la investigación de IDEA, donde trabaja su cuñada
Anticorrupción recurre la negativa «sistemática» de la juez a pedir informes «indispensables» encargados por Alaya hace tres años
La Fiscalía Anticorrupción ha reprochado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que la investigación de la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos a empresas por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) está en punto muerto desde 1 de junio de 2016.
Para el fiscal Francisco Sánchez Mellado, esta causa permanece paralizada porque la magistrada se niega a reclamar informes clave para avanzar en esta investigación que afecta a un ente público de la Junta de Andalucía donde trabaja una cuñada de la juez Núñez , según denunció la acusación popular del PP. IDEA está también en el epicentro del escándalo de los ERE ya que funcionó como «caja pagadora» de las ayudas irregulares a prejubilados y empresas en crisis.
Los atestados y periciales que reclama el fiscal fueron encargados hace más de tres años (24 de febrero de 2015) por la anterior instructora, Mercedes Alaya, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Trataba de averiguar si los avales constituyeron otro canal para hacer llegar dinero público de modo ilícito a determinadas empresas.
«Durante todo este tiempo el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente , pese a que el fiscal ha interesado en diferentes ocasiones la práctica de diligencias cuya práctica viene siendo denegada de manera sistemática por la magistrada». El texto extrecomillado forma parte del recurso de reforma que ha presentado el Ministerio Público contra una providencia dictada por la juez el 12 de febrero por la que se niega de nuevo a practicar diligencias que, según expone el fiscal, han sido ordenadas por la Audiencia Provincial de Sevilla.
La magistrada rechazó la recusación planteada por el PP argumentando que no había pagado la fianza impuesta
La Fiscalía apeló ante dicha instancia judicial cuando la instructora rechazó por segunda vez ordenar tales pesquisas que, a su juicio, «son indispensables para hacer avanzar la investigación objeto del procedimiento». La Audiencia estimó el recurso del fiscal.
Anticorrupción denuncia que la providencia de la juez es «manifiestamente contraria a derecho» y la apremia a requerir «de manera urgente» los informes a la UCO y a la IGAE «a los efectos de no dilatar aún más la práctica de diligencias imprescindibles para la averiguación de los hechos» y «de las personas que pudieran ser responsables de los mismos», afirma en su recurso del 19 de febrero, facilitado a ABC.
Núñez Bolaños, que también investiga el caso ERE y cursos de formación, rechazó la petición de la Fiscalía y le reprochó que quiera «retrotraer actuaciones y volver a una instrucción ya abandonada», en alusión a la juez Mercedes Alaya, « que abocaba a la creación de una ingente e incontrolable macrocausa , por lo demás innecesaria, para investigar los hechos». A su juicio, las ayudas que se dieron fuera de la orden de 2008 «no constituyen objeto de investigación en esta causa». Por esta razón no cree que la UCO deba analizarlas. Tampoco procede la prueba encomendada a los peritos del Estado porque ya «se ha solicitado informe pericial» a la Intervención General de la Junta.
Alaya abrió en 2013 esta investigación para averiguar si la Junta implantó un método parecido al fondo de los ERE , en este caso para conceder avales a empresas en crisis saltándose los límites que marca la Ley de Presupuestos.
El PP andaluz presentó un incidente de recusación contra Núñez como instructora de esta causa al considerar que puede « tener interés directo o indirecto» ya que su cuñada (técnica en el Área de Control y Seguimiento de los fondos públicos en la agencia IDEA) «pudiera haber participado y estar implicada» en los hechos que se investigan y en caso en que «se vea en la obligación de llamar a su cuñada» como investigada «su afinidad la merme su capacidad decisoria y pretenda evitar su llamamiento».
Núñez no admitió la recusación argumentando que « el PP carece de facultades para interponer este incidente al no ser parte del procedimiento al que se refiere», ya que la jueza le ha exigido una fianza previa de 30.000 euros para personarse como acusación popular, pero la Audiencia la rebajó hasta los 12.000 euros al considerar que los 30.000 euros exigidos no estaban justificados.
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