CASO ERE ANDALUCÍA
Defensas de los ex altos cargos piden suspender el juicio del caso ERE para rebatir a las acusaciones
Protestan por la admisión de nuevas pruebas por parte del tribunal a instancias de la Fiscalía y el PP andaluz
Los abogados que defienden a algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el juicio de la pieza política del caso de los ERE han dirigido escritos de protesta a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por la admisión de pruebas documentales por parte del tribunal que los juzga que habían sido solicitadas por las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y el PP andaluz.
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Las defensas piden suspender el juicio al tribunal que juzga a 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán . La indefensión que estas pruebas extraordinarias generan a los acusados es el argumento más recurrente entre sus abogados para pedir que no se retome el juicio el 12 de febrero, como estaba previsto, hasta que se pongan las citadas pruebas a su disposición para estudiarlas con el fin de garantizar un juicio justo.
El abogado de Martínez Aguayo critica el «ingente arsenal probatorio» admitido por el tribunal
Los 22 ex altos cargos están acusados de crear y mantener durante más de una década un sistema que permitió repartir «de forma arbitraria» entre empresas, prejubilados e intermediarios casi 855 millones de euros de fondos públicos sin control por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía.
La protesta ha partido de las defensas de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa. El tribunal admitió todas las pruebas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción y el PP andaluz , con la salvedad del testimonio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz al considerar que no estaba justificado.
Juicio justo
En su escrito, el abogado defensor de Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, asegura que «la más firme protesta por la admisión probatoria acordada» porque vulnera « el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva ».
El abogado de Carmen Martínez Aguayo carga contra las acusaciones, a las que acusa de actuar con una «evidente mala fe procesal» al solicitar al comienzo del juicio oral «un ingente arsenal probatorio», lo que, a su juicio, coloca a las acusaciones en «una posición de privilegio porque se les ha admitido un extenso elenco de pruebas tanto documentales como testificales». Sostiene que con ello pretenden hacer «una suerte de réplica» a las argumentaciones formuladas en los escritos de defensa.
En el escrito dirigido a la Audiencia de Sevilla por Juan Carlos Alférez, abogado del exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, esgrime que la admisión de la prueba solicitada «extemporáneamente» por las acusaciones , «vulnera los principios de igualdad de armas, contradicción, derecho de defensa del artículo 24 de la Constitución Española (CE), así como el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 de CE». Entre las pruebas admitidas hay informes de la Dirección General de Empleo y del Consejo Consultivo de Andalucía.
Alférez que pide la suspensión del juicio por un tiempo prudencial porque de lo contrario «nuestros defendidos no podrían preparar con plenitud de armas la prueba de interrogatorio de acusados, si la citada prueba documental se introdujere en el proceso en momento posterior a dicho día o, si se alterare el orden comenzando por los testigos -como planteó la defensa de Martínez Aguayo-, las defensas no podríamos articular interrogatorio de descargo ante presuntos documentos de cargo que aún se desconocemos».
El escrito presentado por las defensas de Manuel Gómez y Antonio Estepa alude a la «palmaria la indefensión provocada» a los acusados por la decisión adoptada por el tribunal porque lo que se pretende «es completar y adicionar nuevos elementos a los escritos de acusación que en su día presentaron las acusaciones».
Por último, Encarnación Molino, letrada del exconsejero Francisco Vallejo, focaliza su reproche en la cuestión previa formulada por la Fiscalía para que se trasladara documentación a los peritos de la Intervención General del Estado de los documentos aportados por las partes. Considera que dicha pureba, admitida por el tribunal, «suscita una gran inseguridad jurídica».
En un informe encargado por la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, los peritos concluyeron que la Junta había « prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido» para otorgar las ayudas de las que se nutrieron los ERE con irregularidades como la una reestructuración laboral innecesaria o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas.
