Correos ficha al letrado de la Junta de Andalucía que apoyó archivar el caso Formación

José Luis Pérez Pastor, que exculpó a los ex cargos socialistas, entra como consejero de la empresa estatal

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano ABC

A. R. Vega

El letrado de la Junta de Andalucía José Luis Pérez Pastor , que apoyó el archivo de la rama política del caso Formación, ha dejado el Gabinete Jurídico de la Administración tras fichar como vicesecretario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. El abogado ha sido nombrado consejero ejecutivo de dos filiales del grupo empresarial público más importante, con 52.000 empleados, que preside Juan Manuel Serrano, quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez desde que llegó por primera vez a la Secretaría General del PSOE en 2014 hasta su último asalto al poder. El 27 de mayo pasado, Pérez Pastor se incorporó al consejo de administración de Correos Telecom S.A. y días antes, el 14 de mayo, se convirtió en ejecutivo de otra empresa del gigante postal, Nexea Gestión Documental S.A. La vigencia establecida en estos cargos es de cinco años, hasta mayo de 2024, según los datos que figuran en el Registro Mercantil de Madrid.

Este letrado, que ha representado a la Administración autonómica como acusación particular en los casos relacionados con el desvío de fondos públicos de los cursos, apoyó que la juez María Núñez Bolaños exculpara a los 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo, incluidos tres exconsejeros de Empleo, por la falta de control y de justificación de las subvenciones de formación repartidas por la Junta de Andalucía. Tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción, en octubre de 2016 la juez María Núñez Bolaños dio carpetazo a esta macrocausa heredada de Mercedes Alaya , con el argumento de que sólo había «irregularidades administrativas o, en su caso, menoscabo de fondos públicos», pero no delito ni red clientelar, al contrario de lo que sostenía la juez Mercedes Alaya (apartada del caso tras su marcha a la Audiencia de Sevilla) que había acusado a la Junta de tejer una red de favores políticos con las ayudas.

Reabrir el caso

El pasado mes de julio, la Audiencia de Sevilla obligó a la juez Núñez a reabrir el caso tras estimar parcialmente el recurso de apelación presentado por la letrada del PP-A. En un escrito dirigido al juzgado el 20 de diciembre de 2016, el letrado fichado por Correos se mostró en contra de la reapertura de la causa y censuró que el PP andaluz quisiera conocer el contenido de unos expedientes de formación sin investigar almacenados en dos despachos oficiales de la Consejería de Empleo precintados por la Guardia Civil.

Por entrar en un consejo de una empresa estatal de hasta nueve miembros, cada directivo percibe una retribución básica de 55.000 euros al año, complementos aparte, además de dietas por asistir a reuniones del consejo de la sociedad matriz. Pérez Pastor figura como consejero ejecutivo de dos empresas públicas.

La defensa también de Vallejo

Este letrado asumió también la defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo en una pieza del caso Invercaria. Se da la paradoja de que la Junta de Andalucía estaba personada al mismo tiempo como acusación particular a través de la agencia IDEA, propietaria de Invercaria. El ex alto cargo socialista estaba imputado por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por la concesión irregular de 1,18 millones a la empresa Servivation. El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta prevé la posibilidad de que la Junta se encargue de la defensa de su personal «en toda clase de procedimientos judiciales que se dirijan contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos».

Como defensa de Vallejo, la Junta se personó para recusar a la juez Mercedes Alaya, a quien quería inhabilitar para juzgar al ex alto cargo por esta ayuda, alegando que en sus últimas declaraciones pública s mostraba «antipatía» hacia el PSOE . La Audiencia Provincial de Sevilla rechazó la recusación.

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