Consenso para la ley LTBI que obvia la opinión de los padres

Unanimidad, consenso y felicitaciones fueron ayer la tónica en el Parlamento andaluz. Y no fue porque el espíritu navideño haya invadido a sus señorías sino por la aprobación de la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) y sus familiares en Andalucía. Un texto normativo que lleva desde el verano de 2016 envuelto en la polémica pero que ha salvado todos los escollos y c uenta no sólo con el apoyo firme de los cinco grupos políticos de la Cámara, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU , sino también los colectivos y activistas lgtbi.

La norma no es más que un catálogo de derechos para este colectivo, protegiéndolos en su diversidad afectivo sexual y blindándolos contra el acoso y la discriminación en cualquier ámbito, empezando por el educativo y terminando por el laboral o de ocio. Así, incluye por ejemplo la imposibilidad de la Junta para subvencionar o colaborar con cualquier colegio que no respete la diversidad sexual.

La norma aprobada ayer entre aplausos y con foto de familia incluida ha desechado algunos de los preceptos más polémicos que Podemos pretendía como la reserva de puestos públicos para el colectivo lgtbi o la necesidad de que quien fuese acusado de acoso o agresión homófoba o tránsfoba tuviese que demostrar su inocencia en lugar de al contrario como recoge la Constitución.

Pero mantiene un artículo, el 28.6 en el que se recogen los derechos de los menores transexuales a recibir tratamientos de bloqueo hormonal o tratamiento hormonal cruzado, «atendiendo a criterios clínicos establecidos en un proceso asistencial integrado» en la pubertad sin nombrar el papel que tienen los padres o tutores en este tipo de tratamientos. Fuentes consultadas por ABC explicaban que el catálogo sanitario está desarrollado en la Ley 2/2014 de Transexualidad, en donde sí se establece claramente la tutela parental en este tipo de casos. Sin embargo, el texto de la nueva ley puede abrir la puerta a interpretaciones ambigüas sobre este derecho de los menores transexuales.

Todos los grupos políticos se felicitaron ayer por este texto consensuado si bien la portavoz del PP, Esperanza Oña, afeó a los diputados de Podemos, el PSOE e IU que no contaran con su grupo como ponente para la elaboración de esta normativa «por estereotipos».

Oña hizo una encendida defensa de la normativa y aseguró que el colectivo lgtbi «tiene derecho a perseguir su felicidad desde la diversidad afectivo sexual» y se dedicó especialmente a los menores: «No más informes psiquiátricos y psicológicos, somos nosotros los que metemos los prejuicios a los niños que desde que nacen saben lo que son. Basta ya de hablar de tolerancia, no hay que tolerar nada, todo el mundo tiene derecho a su libertad».

La normativa incluye un aspecto muy novedoso, el sancionador, que no se incluye en ninguna otra normativa andaluza. Así, incluye multas que van hasta los 120.000 euros y el cierre durante 5 años de establecimientos donde se haya llevado a cabo hostigamiento, acoso o agresión a alguna persona por su condición sexual.