Caso Invercaria: seis juicios y 36 procesados en otro pozo sin fondo de ayudas de la Junta

Lejos de los focos mediáticos que han perseguido al proceso de los ERE, la investigación de las irregularidades en la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, el denominado caso Invercaria, ha entrado en plena ebullición judicial. Con suma discreción, muchas horas de estudio y un carácter reservado que está en las antípodas de los jueces estrella, el instructor Juan Gutiérrez Casillas ha abierto una docena de piezas desgajadas de la macrocausa. Serán muchas más, porque los atestados del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía que examinan las irregularidades en las operaciones financiadas con fondos públicos no dejan de llegar a su despacho.

Después de cinco años de pesquisas, seis de sus investigaciones se han saldado con el procesamiento de 36 personas entre ex directivos de la sociedad pública y responsables de empresas beneficiadas con el reparto sin procedimiento reglado ni control.

ABC disecciona otro proceso que va a sentar en el banquillo al poder andaluz.

¿Cómo nació Invercaria?

Año 2005. Andalucía, como España, vive su época de vacas gordas. La prosperidad del ladrillo nutre de ingresos las arcas de todas las administraciones y eleva a cifras récord el presupuesto de la Junta. En este caldo de cultivo, nace la primera sociedad pública de capital riesgo de ámbito andaluz, Invercaria, dedicada a financiar la creación de empresas y apoyar la expansión de las ya existentes haciendo hincapié en iniciativas tecnológicas. Entre 2005 y 2009, Invercaria destinó 62 millones de euros a 278 proyectos mediante la concesión de préstamos participativos y/o la entrada en su capital social. El riesgo asumido por esta empresa, propiedad de la agencia IDEA, fue demasiado alto. IDEA es el órgano externo de la Junta que pagaba las ayudas de los ERE.

¿Cómo se seleccionaban las empresas beneficiarias?

Como sucedió con la partida de las prejubilaciones, la falta de procedimiento y de publicidad propició que las empresas beneficiadas se seleccionaran de forma caprichosa o por amistad. Al sacarla fuera de los controles administrativos de la Consejería de Innovación, Invercaria se convirtió en un medio al servicio del poder para preservar la paz social y establecer una relación preferente con una selecta parte del empresariado. Es el caso del consejero delegado de Novasoft, Francisco José Barrionuevo Canto, distinguido con la Medalla de Andalucía en 2004. Está procesado, junto a once personas más, como socio de FIVA (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía), una compañía sin apenas actividad que recibió 716.000 euros.

El Gobierno andaluz utilizó esta herramienta que le proporcionaba la Administración para apagar conflictos que podían tener un coste electoral, como el despido de 114 ex trabajadores de Vitelcom en el Parque Tecnológico de Málaga. El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo apadrinó la creación de una nueva empresa para recolocarlos, Servivation SA, a la que concedió, a través de Invercaria, un préstamo participativo de 1,18 millones de euros en 2008. La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y otros diez de inhabilitación para él por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

A Tomás Pérez-Sauquillo, presidente de Invercaria entre 2005 y 2010, le bastaron dos folios escritos a boli con datos esquemáticos para dar un préstamo de 300.000 euros a Fumapa, un proveedor de la malograda factoría automovilística Santana Motor afincado en La Carolina, el pueblo jienense donde Vallejo había sido alcalde.

¿Cuánto se ha defraudado?

La gestión de Invercaria ha dejado como lastre un puñado de activos devaluados en empresas en apuros, quebradas o disueltas. Entre 2005 y 2013, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado enviado al juzgado, Invercaria había acumulado unas pérdidas financieras de 25,8 millones de euros. El juez calcula el quebranto causado a las arcas públicas en cada una de las empresas a la hora de fijar las fianzas. El perjuicio asciende a 1.860.000 euros en el caso del Operador Aéreo Andalus, 1.180.000 en Servivation, 849.749 euros en Juana Martín SL, 716.000 en el portal de ferias FIVA, 359.581 en Fumapa... Proyectos envueltos en el atractivo celofán del I+D con una vida muy corta que resultaron un pozo de fondos irrecuperables para las arcas.

¿Cuándo saltó el escándalo?

La primera luz roja se encendió en la Cámara de Cuentas de Andalucía. En diciembre de 2011, en plena eclosión del caso ERE, publica un informe que descubre la concesión discrecional de préstamos, la falta de publicidad de los mismos y pagos irregulares en Invercaria. Alertada por las noticias aparecidas, la Fiscalía Superior de Andalucía inicia una investigación de oficio que da pie, en marzo de 2012, a la apertura de las diligencias 1.009/2012 por parte de Gutiérrez Casillas, juez de Instrucción número 16 de Sevilla. El fiscal avisa de la entrega de «elevadas sumas de dinero, superiores a los 25 millones, a sociedades que, pocos meses después de su cobro, carecerían de cualquier tipo de actividad».

La «bomba» detonó a veinte días de las elecciones autonómicas de marzo de 2012, que se saldan con la única derrota del PSOE en Andalucía. Aparecen en los telediarios las grabaciones que realiza un directivo de Invercaria despedido, Cristóbal Cantos, en reuniones de trabajo donde interviene la presidenta de Invercaria instruyendo a sus subordinados para hacer informes predatados sobre ayudas e incorporarlos a expedientes incompletos. En uno de estos audios se escucha a Laura Gómiz pronunciar frases como ésta: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización», en alusión a Invercaria.

¿Cuántos imputados hay?

En la docena de piezas en las que está dividida la macrocausa de Invercaria, donde IDEA está personada como acusación particular, aparecen hasta 57 encausados, de los cuales 36 están procesados. Entre los que están a un paso de sentarse en el banquillo figuran 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz y exdirectivos de la empresa Invercaria. El sumario es enciclopédico: más de 70.000 folios y unos 180 tomos. Salvo que la Audiencia de Sevilla dicte lo contrario, hay seis juicios a la vista. De momento. De las investigaciones abiertas sólo se ha archivado la que afecta a la empresa Irongate SL.

Un nombre se repite en todas las causas: Tomás Pérez-Sauquillo, quien puso en marcha Invercaria y la dirigió durante cinco años. Este exdirectivo se enfrenta a fianzas para asegurar su responsabilidad pecuniaria superiores a los 2,7 millones de euros. Tanto él como Gómiz, su sucesora, habrían causado un «menoscabo de fondos públicos» por cobrar «retribuciones superiores a las establecidas en las leyes de presupuesto», según un reciente informe de interventores autonómicos.