Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán, en el juicio - POOL

Caso Ere AndalucíaLa Fiscalía confirma los seis años de prisión para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves

Sólo exculpa a uno de los 22 acusados, Antonio Estepa, y rebaja de ocho a seis años de cárcel la petición para Jacinto Cañete y Lourdes Medina

SevillaActualizado:

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su acusación contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos autonómicos en el juicio de la pieza política del caso ERE en el que se juzga la creación y mantenimiento de un sistema ilícito que permitió repartir sin control y de forma arbitraria 855 millones de euros entre ayudas a empresas y prejubilados durante más de una década (2000-2011). Sólo ha retirado su acusación a un encausado, Antonio Estepa.

Para Griñán, la Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación. A Chaves le atribuye un delito de prevaricación y pide una condena de 10 años de inhabilitación.

El único cambio respecto a su escrito inicial de acusación en lo que atañe a las peticiones de condena es la rebaja de ocho a seis años de prisión para dos ex altos cargos: el exdirector general de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete y Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de Empleo, acusados de sendos delitos de malversación y prevaricación.

Tras las pruebas practicadas (documentos, testigos e informes periciales), durante la lectura de su escrito de conclusiones, el Ministerio Público ha anunciado este lunes que retira su acusación contraAntonio Estepa Giménez, un cargo intermedio en la Consejería de Hacienda. La acusación popular ejercida por el PP andaluz también ha retirado los cargos contra este encausado en escrito de conclusiones y sigue incriminando al resto de 21 ex altos cargos.

En su inicial escrito de acusación, la Fiscalía pedía para Antonio Estepa Giménez diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Estepa fue secretario general técnico de Hacienda del 21 de mayo de 2000 al 15 de mayo de 2004. Según el juez que cerró la instrucción de la primera de las piezas del caso ERE, este ex alto cargo era «directamente responsable de la creación de la aplicación 440, que no existió hasta los presupuestos del 2002, y de la manipulación de los presupuestos de IFA-IDEA con el fin de dar cabida a las transferencias de financiación».

La Fiscalía ha modificado su inicial acusación contra Estepa Giménez al considerar que no hay indicios para actuar penalmente contra este ex responsable pero mantiene la carga incriminatoria contra el resto de acusados.

En su interrogatorio ante el tribunal, Antonio Estepa declaró que nunca se sometió a su conocimiento el debate sobre si era mejor utilizar la figura de las transferencias de financiación, el mecanismo de pago empleado en el caso ERE y cuestionado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, o un encargo de ejecución.

Antonio Estepa también alegó en el juicio que ignoraba los reparos de la Intervención al uso de este sistema y la propuesta de decreto presentada en el año 2000 por la Consejería de Empleo para regular el pago de las ayudas, que nunca vio la luz, al igual del convenio marco del 17 de julio de 2001 que consagró el método irregular de concesión y pago de las ayudas a través de una agencia pública, IFA/IDEA. Esta operación supuso en la práctica desactivar los controles previos de la Intervención, que desconocía el destino del dinero público.

Como consecuencia, parte de los fondos públicos acabaron en manos de falsos trabajadores incluidos en ERE de empresas subvencionadas para cobrar una prejubilación, comisionistas, bufetes de abogados, ex altos cargos, familiares de responsables políticos y empresas cercanas a la órbita del PSOE andaluz.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantiene su petición de seis años de prisión y treinta de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y diez años de inhabilitación por prevaricación para su antecesor, Manuel Chaves, y los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías. Entre seis y años años de cárcel solicita para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

La Fiscalía incrimina a Chaves, Zarrías, Griñán, Vallejo y Fernández porque conocían las irregularidades y «no tomaron decisión alguna» para frenarlas

En las conclusiones leídas durante la sesión número 124 del juicio que se inició el 13 de diciembre pasado, el Ministerio Público reprocha a la antigua cúpula del Gobierno andaluz su pasividad para frenar las irregularidades que los interventores habían puesto de manifiesto a través de sucesivas memorias e informes que llegaron al máximo órgano ejecutivo de la Junta de Andalucía.

Los fiscales delegados de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga lo han expuesto así en sus conclusiones: «Los encausados Manuel Chaves González, Gaspar Zarrías Arévalo, José Antonio Griñán Martínez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Fernández García como integrantes del Consejo de Gobierno no tomaron a la vista del contenido de dicha memoria decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de transferencias de financiación del programa 31L , y todo ello con conocimiento de las irregularidades».

Griñán fue consejero de Hacienda entre 2004 y 2009. La Fiscalía considera que tuvo un conocimiento más profundo porque en su departamento se elaboraban los presupuestos autonómicos, que incluían el fondo irregular para pagar subvenciones excepcionales, y validaba las ampliaciones de presupuesto del programa 31L.

Por otro lado, la Fiscalía entiende que Griñán era destinatario de «sucesivos informes» de la Intervención de la Junta que alertaban de forma insistente desde 2005 de la irregularidad del sistema utilizado por la Consejería de Empleo para abonar las ayudas a través de la agencia pública IFA/IDEA y no hizo «actuación alguna en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas de velar por la integridad de los fondos públicos».

Los fiscales llegan a esta conclusión: «La gravedad de la situación creada como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31L (el fondo de los ERE) mediante la utilización de las transferencias de financiación al IFA-IDEA y las actuaciones que se llevaron a cabo por los encausados reseñados de la Consejería de Empleo necesariamente debieron ser conocidas» por los encausados Griñán Martínez, su viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez, Francisco Vallejo Serrano, consejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, viceconsejero de Innovación, y Jacinto Cañete Rolloso, director general de IDEA. Todos ellos «tenían conocimiento, participaron y consintieron» la gestión presupuestaria irregular de este fondo para subvenciones excepcionales.

Según el relato expuesto por Anticorrupción en el juicio del caso ERE durante este lunes, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez no actuaba solo, como planteó el Ejecutivo andaluz atendiendo a su teoría de los «cuatro golfos» para endosar todas las culpas a este ex alto cargo.

La Fiscalía sostiene que Guerrero recibía «presiones» de los colectivos de trabajadores y de otros encausados como los exconsejeros Gaspar Zarrías Arévalo, Jose Antonio Viera Chacón y Antonio Fernández García. Para atender estas peticiones, Guerrero «alteraba el destino de las cantidades abonadas por el IFA-IDEA, de forma que dirigía comunicaciones directas a las compañías y mediadoras de seguros para que las cantidades que percibían como pago de una prima de una determinada póliza se aplicarán a otra distinta con la que no guardaba relación alguna». A su juicio, esta maniobra favoreció «la ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos».

Anticorrupción sostiene que Guerrero recibía «presiones» de Zarrías, Fernández o Viera para dar ayudas a determinadas empresas

El juicio de la pieza política del caso ERE encara hoy su recta final, en la que las partes expondrán sus conclusiones. Para este trámite es obligatoria la presencia en el banquillo de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados.

La vista ha comenzado con 20 minutos de retraso porque el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez se encontraba en un atasco en la autovía de Huelva a Sevilla, según alegó su abogado Manuel Pérez Cuajares ante el tribunal. El magistrado Juan Antonio Calle decidió hacer un receso hasta su llegada, por lo que los acusados volvieron a salir al pasillo de la sala, donde sí se quedaron los letrados y el tribunal.