TRIBUNALES
Cargos públicos exculpados en la trama de formación, en el punto de mira de la UDEF
Aunque Núñez archivó en 2016 la rama política contra 24 ex responsables de la Junta, el caso sigue vivo en los juzgados
El caso Ojeda lo tiene todo: una «organización criminal perfectamente estructurada» , un supuesto «cerebro» que lo controla todo, un botín millonario de subvenciones, presuntos testaferros al frente de sociedades pantalla, «gargantas profundas» que filtran información reservada y una sospechosa cadena de favores que conducen hacia los despachos de altos cargos y responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La gran pregunta es si el exconsejero andaluz Ángel Ojeda Avilés, al que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sitúa en la «cúspide» de la presunta trama que se lucró con fondos para la formación de parados, funcionó solo, al margen de la Administración o, en cambio, contaba con la indispensable ayuda de quienes repartían a discreción el dinero público y debían velar por el buen uso de los 52,6 millones de euros que llegó a recibir entre 2008 y 2013.
El inspector que ha elaborado el atestado entregado a la juez María Núñez Bolaños, avanzado en exclusiva por ABC, cree que hubo, cuanto menos, una connivencia de intereses , «un posible tráfico de influencias en relación con determinados cargos y empleados de la Junta de Andalucía, algunos de ellos con capacidad de decisión dentro del SAE».
En esa red de complicidades que describe a través de los correos electrónicos intervenidos, señala a la directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta entre 2011 y 2013, María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda, que fue citada como investigada en otras dos piezas del caso Formación. La Policía ha interceptado mensajes que intercambiaron ella y Ojeda sobre los criterios de baremación de las empresas beneficiarias.
Para Núñez, la Fiscalía y la Junta es un caso cerrado, pero, aunque con lentitud, sigue vivo en los tribunales
El informe policial aporta nuevos datos, que cuestionan la proclamada inocencia de algunos cargos que la instructora exculpó en octubre de 2016 cuando decretó el archivo de la denominada pieza política de esta macrocausa, un caso heredado de la juez Mercedes Alaya que se sustentaba sobre la hipótesis de que los gestores de las ayudas soslayaron o desactivaron los controles de la Administración permitiendo con ello el desvío sistemático de buena parte de los recursos públicos para combatir el paro hacia empresas vinculadas a las redes clientelares del PSOE andaluz.
Para Núñez, la Fiscalía y la Junta de Andalucía se trata de un capítulo judicial cerrado. El mantra más repetido del Gobierno andaluz es que el supuesto fraude masivo de la formación es «un bluf que se desinfla en los tribunales». La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación en las causas que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sostiene que hubo fallos de supervisión, pero no delitos.
Sin embargo, el caso Formación sigue vivo en los tribunales , aunque las instrucciones avancen con lentitud. La causa troncal abierta por Alaya en 2014 fue dividida, tras su marcha del juzgado, en nueve piezas. A la investigación del «entramado empresarial» de Ojeda, se suman otras sobre el conglomerado del empresario Pérez González; el grupo controlado por el ex «número dos» del PSOE andaluz Rafael Velasco; cuatro sobre consorcios de la Junta (Ciomijas, Formades, Forman y CTI); otra sobre la concesión, tramitación y destino de ayudas gestionadas por la extinta Fundación Pública Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), cuyo director general usó «por error» una tarjeta corporativa en un club de alterne, y otra centrada en el Servicio Andaluz de Empleo, que ya está sobreseída.
Carpetazo judicial
Coincidiendo con la recta final de la comisión parlamentaria que debía redactar sus conclusiones e identificar a los responsables políticos del fraude, la magistrada Núñez Bolaños dio carpetazo a esta rama política. Como consecuencia, 24 ex responsables del Gobierno andaluz investigados, entre ellos varios exdelegados provinciales de la Consejería de Empleo, fueron exonerados de los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos por los que habían sido detenidos el 24 de marzo de 2015 –dos días después de las elecciones autonómicas– en la «operación Barrado» ordenada por la Guardia Civil.
El carpetazo judicial proporcionó un balón de oxígeno al Gobierno andaluz , empeñado desde el principio en enterrar un escándalo que empezaba a inquietarle más que el caso ERE, amortizado políticamente con la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están siendo juzgados por un tribunal.
La llegada de Núñez al juzgado dio un giro en la instrucción. Donde Alaya atisbó una «red de clientelismo político» tejida con las ayudas, su sustituta sólo acertó a ver «irregularidades administrativas» en la actuación de los encargados de dar, tramitar y pagar las ayudas para formar a parados en una comunidad donde el trabajo es un bien escaso.
Ángel Ojeda encontró en el páramo laboral una oportunidad de negocio muy rentable. El Grupo Prescal fundado por el antiguo político vivió su gran expansión en plena crisis. Llegó a tener 60 centros con aulas de formación, 17.000 trabajadores y recibió 52,6 millones de euros. De ellos, 33 millones fueron subvenciones excepcionales concedidas a sus entidades para formar y contratar a los 1.904 trabajadores despedidos por la multinacional Delphi tras el cierre de su planta en Puerto Real en 2007.
En un mes, el ex alto cargo se hizo con el trozo más grande del dispositivo especial de ayudas y le hizo el favor a la Junta de «resolver el problema de Delphi», cuyos exempleados sometían a escraches a miembros del Ejecutivo.
Casos Óscar y Edu
El escándalo de la formación se coló por primera vez en los telediarios en abril de 2014, cuando la UDEF puso en marcha de forma simultánea en varias provincias las operaciones Óscar y Edu , que se saldaron con 300 detenciones. Las redadas dieron pie a la apertura de 18 causas judiciales, muchas de las cuales han sido sobreseídas.
La mayoría de los jueces han descartado la existencia de una trama política para favorecer a afines y se han centrado en las empresas que desviaron las ayudas. La mayoría, pero no todos. El juez Javier Romero procesó al exdelegado de Empleo y a seis responsables de la Junta en Huelva por permitir, por acción u omisión, que se dilapidara y se malgastara el dinero público.
Pero el fiscal cambió de opinión a las puertas del juicio oral y pidió el archivo del caso. Tampoco el Tribunal de Cuentas, que analiza delitos contables pero en ningún caso de carácter penal, aprecia menoscabo de fondos en el fraude la formación.
El agujero económico que dejaron los cursos, sin embargo, no es agua pasada en Andalucía. La Junta sólo ha recuperado el 8% de los 149 millones que reclama a beneficiarios. Dinero que nunca llegó a los parados andaluces y que difícilmente va a recuperar.
Noticias relacionadas
