Andalucía y otras seis regiones se rebelan contra la orden que prohíbe cazar lobos en España
Presentarán un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional con el objetivo de lograr que se paralice la orden
Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid y Región de Murcia han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional con el objetivo de lograr que se paralice la orden que impide cazar lobos en España que propuso el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que avaló el Consejo de Estado.
La decisión de incluir a «todas» las poblaciones del lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), que implica la prohibición de cazarlo en toda España, ha provocado el rechazo en las mencionadas autonomías. El PP anunció, tras conocer esta orden, que las comunidades gobernadas por su formación, -Galicia, Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid y Región de Murcia- presentarán un recurso contencioso en contra de esta orden. Además se sumaron Asturias y Cantabria.
La orden ministerial entró en vigor este miércoles pasado, una vez que fue publicada el martes, 21 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado. Según ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con esta prohibición el Ejecutivo regional se queda «sin cobertura para financiar los ataques del lobo».
Las asociaciones de ganaderos han acusado al Gobierno central de «condenar a la ganadería a su extición al blindar al lobo»
En Andalucía apenas hay poblaciones de lobos, aunque se han detectado algunas manadas en la Sierra de Cazorla. Por su parte, la Junta de Castilla y León también ha afirmado que está «radicalmente en contra» porque perjudica a los intereses generales de la Comunidad, pero no solo a los suyos, sino a los de Galicia, Asturias o Cantabria, los de once comunidades, «la mayoría», que estaban en contra de la inclusión del lobo en el listado.
Además de las CCAA, las organizaciones Asaja, COAG y UPA han acusado al Gobierno central de «condenar a la ganadería a su extición al blindar al lobo» y la consideran «ajena» a los intereses de la ganadería y del medio rural».
Según el Principado de Asturias, la publicación de la orden ministerial ha provocado «una situación de inseguridad jurídica» en el modelo de gestión de esta especie en Asturias , dado que el cambio en la calificación de este cánido afecta al II Plan de Gestión del Lobo, actualmente en vigor.
En la misma línea, el secretario general del PSOE en Cantabria y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Pablo Zuloaga, ve necesario recurrir la decisión del Gobierno central sobre la protección del lobo porque las comunidades «se quedan sin herramientas» para gestionar la especie.
Asimismo, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco, Arantxa Tapia, ha reclamado un plan de gestión del lobo que permita «casar» los intereses de los ganaderos con la protección de esta especie. «Lo que no puede ser es que se establezcan unas medidas de protección del lobo desde un despacho, alejado de la vida rural», ha advertido la consejera vasca.
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