HACIENDA
Andalucía, única comunidad de España que cumplió todas las reglas de déficit, gasto y deuda en 2019
El Ministerio de Hacienda certifica que alcanzó todos los objetivos fiscales, por primera vez en 6 años
Andalucía fue la única comunidad autónoma de España que cumplió en el año 2019 todas las tres reglas básicas dictadas desde el Ministerio de Hacienda: déficit, gasto y deuda. Lo certifica el propio departamento de la ministra María Jesús Montero en un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto del pasado ejercicio, publicado en la web del Ministerio. Hacía seis años que esta región no cerraba el ejercicio con un triple aprobado. Para encontrar una hoja de servicios tan saneada hay que remontarse al año 2013, cuando las presiones de Bruselas forzaron al Gobierno de Mariano Rajoy a imponer recortes a todas las administraciones públicas tras el rescate bancario y los ataques de los mercados en el verano de 2012.
Andalucía cerró con un superávit de 32 millones de euros el mismo ejercicio en que la Administración central del Estado se desvió en todo (déficit, deuda y regla de gasto), según los datos de los técnicos de Hacienda.
La paradoja es que la única autonomía que ha cumplido con todas las metas de estabilidad no puede financiarse por sí misma en los mercados. El Ministerio de Hacienda ha penalizado al Gobierno regional, dirigido por el PP y Ciudadanos , por saltarse todas las reglas en el ejercicio de 2018. Al frente de este ministerio está hoy quien en 2018 era la responsable de las cuentas del Ejecutivo andaluz, María Jesús Montero. Ha sido consejera de Hacienda desde septiembre de 2013 hasta junio de 2018, cuando Pedro Sánchez la fichó para su Gobierno tras prosperar la moción de censura contra Rajoy.
«Intervención» financiera
La Junta de Andalucía acusó a Montero de «intervenir financieramente» a la comunidad tras recibir una carta de su ministerio el pasado 5 de diciembre por la que le obligaba a hacer ajustes por el déficit que dejó el último año de gestión del Gobierno de Susana Díaz, que perdió el poder que el PSOE había mantenido durante 36 años de ejercicio ininterrumpido.
La Consejería de Hacienda, Industria y Energía, dirigida por Juan Bravo, ha dado la vuelta a la situación que había heredado un año antes, cuando la Junta se cerró con un triple suspenso en el año 2018. La Administración tenía entonces más deuda de la permitida, había gastado por encima de sus posibilidades y mostraba un desequilibrio financiero del -0,5 por ciento, cuando el objetivo marcado por el Gobierno central era del -0,4.
Los números rojos de Andalucía se han vuelto ahora verdes. Lejos de lo que se pensaba, la rebaja fiscal que afecta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no ha reducido los ingresos . El Gobierno andaluz cerró 2019 con un aumento de la recaudación tributaria con respecto a 2018 por valor de 550 millones.
La comunidad gozaría de una situación desahogada si no hubiera estallado la crisis del coronavirus, que ha descuadrado los números y le ha obligado a rehacer por completo sus presupuestos para 2020. Sólo la factura del gasto sanitario acometido por la pandemia asciende ya a «algo más de 900 millones» de euros, según informó el consejero de Hacienda.
Con superávit
En lugar de déficit, Andalucía ha terminado el ejercicio de 2019 con un superávit de 32 millones de euros, el 0,02 % del PIB, en el ejercicio de 2019, una vez descontado el impacto de los 537 millones correspondientes al IVA de 2017 que le reclama la autonomía. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera —el cónclave entre el Gobierno y los consejeros regionales de Finanzas—, la ministra Montero se comprometió a suavizar dos décimas la senda de déficit regional para este año y los tres siguientes a cambio de no pagar el IVA pendiente. Andalucía ha recurrido el impago ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno central se negó a liquidarlo tras rechazarse en el Congreso la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso que preveía su abono. En relación a los 537 millones, Montero aseguró que tal dinero «no existe» al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.
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