Nuevo Gobierno
Andalucía teme ser relegada por Sánchez e Iglesias a la segunda división de las comunidades autónomas
Entre lo asuntos a negociar con Madrid detacan la financiación, la dotación de juzgados, la Policía o la fiscalidad
El Gobierno andaluz celebrará mañana jueves su primera reunión tras la investidura de Pedro Sánchez y ese será el foro para diseñar cómo serán las relaciones futuras con el nuevo Ejecutivo de Madrid. Pero los dos partidos que sustentan la Junta de Andalucía, PPy Ciudadanos, ya han sentado las bases de una política de confrontación que también tendrá que dejar espacios para el entendimiento institucional.
El presidente andaluz, Juanma Moreno , y su vicepresidente, Juan Marín saben de más que se han convertido en un referente contra el Gobierno de PSOE y Podemos, al que auguran una oposición mucho más dura que la que están haciendo en el Parlamento andaluz sus respectivas representantes, Susana Díaz y Teresa Rodríguez . La confrontación con Madrid formará parte del guión político de ambos gobiernos y, en cierto modo, es casi lo que esperan los ciudadanos.
Pero hay muchos asuntos que resolver con el Gobierno de España y los dirigentes andaluces lo saben por eso el mensaje público que lanzaron tanto Moreno como Marín fue clarificador: «Pedimos la misma lealtad institucional que Andalucía ha demostrado siempre», decía el presidente andaluz mientras que el vicepresidente insistía en que la Junta garantizaba esa lealtad.
La principal preocupación del Ejecutivo regional está ahora en la relevancia de Andalucía sobre todo a la hora de negociar con el Gobierno central. «Han decidido que haya españoles de primera y españoles de segunda, lo que ratifica el derrumbe de este país», decía ayer la número dos del PPandaluz, Loles López . Un temor que basan en las necesarias negociaciones de Pedro Sánchez con grupos territoriales alejados de Andalucía: BNG, Teruel Existe, ERC, Nueva Canarias .
El conflicto para Andalucía surgirá si otras comunidades autónomas demandan mayores competencias al Estado. ¿La Junta está dispuesta a reclamarlas también? Porque la exigencia de la gestión directa de algunas competencias (como podría ser por ejemplo la Policía Autonómica) llevaría aparejada la necesaria financiación de las mismas. Hasta ahora, Andalucía ha salido perjudicada en este reparto y por eso demanda 4.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado para poder sufragar los servicios públicos que presta.
Hay otro riesgo «político». Las cuatro comunidades históricas (País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía) podrían verse reducidas a tres dejando fuera a la comunidad andaluza, una expresión que ya se ha oído en la negociación de este Gobierno de España y que temen que abra un nuevo modelo de relaciones con el Estado ya que Pedro Sánchez tiene socios en las tres primeras pero no necesita a Andalucía para sacar adelante su Legislatura. Claro que la Junta de Juanma Moreo tiene una ventaja en este marco ya que el presidente de Galicia es su correligionario Alberto Núñez Feijóo , con quien mantiene una estrecha relación no sólo política sino también personal. Ambos mantiene abierta una línea de diálogo casi permanente lo que podría ser muy valioso para ambos en este nuevo escenario territorial.
Nueva financiación
Evidentemente, la financiación de las comunidades autónomas es el asunto crucial que ahora deberá resolver el Gobierno de Pedro Sánchez y ahí es donde entran las reclamaciones desde Andalucía para que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera , el órgano colegiado de entendimiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La Junta no quiere bajo ningún concepto que haya relaciones bilaterales ya que serían muy perjudiciales para los intereses andaluces.
Hay otros asuntos domésticos que la Junta tendrá que negociar con Madrid. Uno de ellos es el aumento de la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía , sobre todo en lo que se refiere a planes de seguridad específicos como el que se está desarrollando en el Campo de Gibraltar contra los narcos. Un plan de choque que tiene muchas patas como el refuerzo de los juzgados y la mayor dotación de jueces especializados, además de planes contra la droga y por la oferta laboral para los jóvenes.
Otro de los asuntos que hay sobre la mesa son las medidas a poner en marcha para paliar el Brexit . La Junta de Andalucía está implementando una batería de 125 medidas pero necesita de la complicidad del Gobierno sobre todo en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores andaluces que todos los días cruzan la verja para trabajar en Gibraltar.
Hasta ahora no ha habido reuniones entre el Gobierno andaluz y ningún representante del Estado para tratar este asunto a pesar del impacto económico que supone y de que será inminente.
También hay conflictos que se arrastran desde hace años. La Junta de Andalucía demanda desde hace años —y lo sigue haciendo el nuevo Ejecutivo regional— una mayor implicación en la gestión de la inmigración irregular que llega hasta las costas andaluzas, el principal camino que encuentran para arribar a Europa. A esto se une la situación de los niños inmigrantes que llegan solos y tienen que ser atendidos por la administración autónomica. El Gobierno central acaba de negar una partida extra de 27 millones de euros para atender a estos niños alegando que no hay una situación excepcional para unos fondos excepcionales. Pero obvian que ese dinero llegó en 2018 a Andalucía precisamente porque llegaron muchos niños solos a las costas en pateras, menores que siguen estando tutelados por la Junta.
Infraestructuras y Agricultura
A estas demandas se unen las que hacen referencia a las infraestructuras. El Gobierno central es quien prioriza las inversiones que hace Europa y la realidad es que el tramo del Corredor Ferroviario del Mediterráneo que llega hasta Algeciras está parado hace años. No hay una infraestructura ferroviaria que una a Europa con el principal puerto de España, lo que supone una desventaja competitiva para las empresas españolas y que lastra el crecimiento económico andaluz y la inversión extranjera en Andalucía.
En este sentido también hay que tener en cuenta la influencia de la Comisión Europea en la agricultura y la pesca en Andalucía . Hasta la fecha, el ministro del ramo, el andaluz Luis Planas , había mantenido un entendimiento muy cordial con la Junta de Andalucía. Planas ha sido consejero del Gobierno andaluz, tiene una amplia experiencia de trabajo en Europa y conoce perfectamente la realidad de estos sectores en la comunidad autónoma. Pero el futuro es incierto y no está claro si seguirá ejerciendo esta responsabilidad. Tampoco cuáles serán sus hipotecas en el caso que tenga que seguir defendiendo estos sectores básicos para Andalucía pero también para otras comunidades autónomas españolas.
En este escenario, el Gobierno andaluz está a la expectativa aunque con la premisa de ser proactivos. No esperarán a que el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias muevan la primera ficha.
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