FRAUDE DE AGUA
La mitad de los pozos ilegales que se sellan en España está en Andalucía
Un año después de la conmoción por la caída de Julen a un sondeo irregular, Málaga es la segunda zona con más infracciones detectadas por el Seprona
Se trata de prospecciones para sacar agua que no cuentan con los permisos oportunos. Y que, en ocasiones, se han destapado como trampas mortales en medio del campo . Ocurrió hace un año con Julen, cuyo caso acaba de terminar judicialmente con la condena al dueño de aquel fatídico sondeo a un año de prisión, a indemnizar con 179.000 euros a los padres del menor y con otros 663.000 euros a la Junta de Andalucía por el rescate del niño.
Después de aquel suceso, se multiplicó la psicosis por los pozos. El Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) recordó entonces que en España podrían existir más de 510.000 pozos irregulares según datos facilitados por el Gobierno. Pero otras organizaciones ecologistas como Greenpeace elevaron la cifra al millón de prospecciones ilegales de agua.
Pese a la relevancia mediática de este drama, desde mucho antes estos pozos han sido una prioridad para el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civi. El objetivo, además de luchar por que no haya otro Julen, es evitar el daño a la naturaleza que hacen estos agujeros, que además generan una competencia desleal en el campo con los agriculturores que hacen las cosas bien. El problema es que en esa misión Andalucía es un «campo de minas» que aglutina nada menos que la mitad de las infracciones por estos motivos en España.
La última inspección general en toda España del Seprona ha cerrado 1.410 pozos y 47 balsas ilegales en todo el país. Solo esta operación de la Guardia Civil supera los datos registrados en el Ministerio para la Transición Ecológica entre 2014 y 2018, que contaba con sólo 1.200 pozos irregulares detectados en el país. Más del 50 por ciento de las infracciones en la operación «Mizu», dada a conocer esta semana, se han cometido en Andalucía. Se han registrado un total de 730 sanciones administrativas y 18 delitos penales .
Málaga, un punto negro
Precisamente, y después de la tragedia de Julen que dio la vuelta al mundo, Málaga es la provincia andaluza con más infracciones administrativas en este ámbito, con un total de 175, solo superada en España por Valladolid con 266 sanciones. El desglose regional lo completan Cádiz (107), Sevilla (96), Córdoba (88), Jaén (51), Granada y Almería con 79 sanciones cada una y Huelva (55).
Los datos los revela el Seprona tras realizar sólo en Andalucía 442 inspecciones a terrenos. «Siempre se han hecho este tipo de acciones, pero en el último año se han intensificado », reconoce el sargento Ana Prieto, de la Jefatura del Seprona, quien detalla que Málaga también es el lugar de Andalucía con más inspecciones, llegando hasta las 107 visitas de los agentes a parcelas con prospecciones ilegales. Le sigue Córdoba con 94 intervenciones, después van Huelva (70), Cádiz (52), Granada (35), Jaén (33), Sevilla (30) y Almería (26).
Sin embargo, muy pocos han cometido delitos graves contra la naturaleza. En la operación «Mizu» se han detenido en Andalucía a 18 de los 107 arrestados en 42 provincias de España . Prieto explica que Huelva es donde más detenidos ha habido en esta ocasión con 17 personas investigadas. «La zona de mayor influencia es la de Almonte por el Parque Nacional», reconoce la sargento, que dice que también hay un investigado en la provincia de Cádiz.
Fraude a tres administraciones
Las infracciones administrativas se hacen ante tres instituciones diferentes. Por un lado, está el Ministerio de Industria, que debe autorizar la prospección. Luego está la agencia o confederación de aguas competente, que autoriza al uso. Por último, el propio Consistorio al que pertenece la parcela, que debe dar la licencia de obras para llevar a cabo el pozo. Prieto explica que la carencia de licencias es una de las sanciones que imponen más comunes, pero que también hay otras.
En Andalucía, en esta última inspección general, se han llevado a cabo intervenciones porque no se cumplían las normas de seguridad de los pozos, porque no había contadores volumétricos, por sobreexplotación de recursos acuíferos, por la construcción en zona no autorizada o por el cambio de uso de suelo. «Suelen ser sanciones que van contra la normativa de aguas, minas o urbanismo y ordenación del territorio», abunda Ana Prieto, que señala que los ilícitos cometidos con personas investigadas son por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente o por usurpación o defraudación de agua.
El Seprona lleva a cabo estas acciones para «controlar los aprovechamientos de recursos». «Se ha hecho hincapié en áreas de acuíferos sobre explotados» , remarca Prieto, que dice que la otra razón para llevar estas inspecciones masivas es «evitar riesgos», sobre todo en los lugares en los que se encuentran abandonados.
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