Marbella «ilegaliza» a sus vips

De vuelta a 1986. El Tribunal Supremo ha decidido recientemente que los devaneos urbanísticos de la época del «gilismo» no se podían solucionar con una reordenación del urbanismo de Marbella. Y por eso ha tumbado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2010, que daba solución y amparo legal a más de 16.500 viviendas ilegales en la localidad. Entre esas residencias ahora ilegales se encontraban algunos de los propietarios más señalados de la jet-set marbellí. La decisión del Supremo ha hecho que Marbella haya vuelto a ilegalizar a parte de sus vips, hasta que se decida una solución que devuelva las revueltas aguas del urbanismo del municipio a su cauce legal. El alcalde, José Bernal, ha anunciado nuevo PGOU para 2018, pero hasta entonces todo está en el aire.

Entre las famosas casas ilegales está «La Gaviota», la mansión en Los Monteros, que en otro tiempo perteneció a Encarna Sánchez y ahora es ilustre refugio del actor Antonio Banderas. El muro exterior de la casa ya tuvo que ser retranqueado para liberar espacio y poder construir un puente peatonal. Solucionado este problema, ahora cabe ver la situación de una propiedad que se construyó con una licencia ilegal concedida en 1995 por el equipo de gobierno de Jesús Gil a los anteriores propietarios. Dicho permiso ya fue anulado tras ser recurrido por la comunidad de propietarios de Los Monteros y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentenció al derribo de la parte de la casa que linda con la playa al sur y con un río del este.

Tampoco se libran de la ilegalidad los herederos de la duquesa de Alba. «Las Cañas», en la urbanización Casablanca, en plena Milla de Oro de la ciudad y rodeada de barreras y medidas de seguridad, también vuelve a estar en situación de dudosa legalidad por este retroceso urbanístico. En 2009 la Demarcación de Costas abrió expediente porque el muro exterior invadía parte del dominio marítimo terrestre. El contencioso se resolvió a favor de los Alba en 2012 en base a la ordenación del suelo propuesta por el PGOU de 2010 que el Supremo ha tumbado. Ahora habrá que ver qué soluciones se aportan a esta cuestión en 2018, puesto que por la ordenación de 1986 el muro debería ser derribado.

Los suelos de la urbanización «Malibú» en Puerto Banús también pasan a ser ilegales. La promoción de viviendas, que ha saltado a la palestra en las últimas semanas por la petición de dos años y medio de cárcel y 23 millones de euros de indemnización para Micheline Connery, esposa de Sean Connery, por el caso «Goldfinger», vuelve a ser ilegal. Aunque la reclamación judicial viene por un supuesto fraude fiscal, la historia de la propiedad es mucho más extensa. La promoción de apartamentos de los Connery está en un suelo donde sólo se pueden edificar casas unifamiliares, según la legislación de 1986. Ya en época de Jesús Gil en un pleno, que fue declarado nulo, se hizo un ademán de regulación de las promociones. Tras las sentencias que anulan la ordenación urbanística del municipio, los apartamentos vuelven a la misma situación en la que se encontraban cuando se construyeron.

El piso que en otro tiempo perteneciera a José María Aznar en el residencial Hoyo 15 de Guadalmina también vuelve a ser ilegal. En este caso se trata de un dúplex de 265 metros cuadrados, con dos plazas de garaje y trastero. Dicho inmueble fue adquirido por el expresidente en 2005 y finalmente traspasado. Aunque la compra de viviendas en la zona no cesó. Tras resolver los problemas de la propiedad con un traspaso, los Aznar se mudaron a otro residencial cercano de la misma urbanización (Hoyo 18), que también abandonaron con el tiempo. Actualmente gozan de una pequeña mansión en la que luce la bandera de España en Guadalmina Baja. Un lugar donde la privacidad de la familia está garantizada y donde gozan de la compañía de ilustres como Arturo Fernández, Alfonso y Marisa de Borbón, Álvarez Cascos o los herederos del difunto presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez.

Marbella afronta una situación difícil en la que se ha creado una comisión para dar solución a los problemas surgidos con la suspensión de PGOU. Pese a que ya se han presentado unos criterios generales para la concesión de licencias para parar la fuga de inversiones, las residencias ilegales también es una preocupación patente. Y aunque estas son las caras más visibles del problema, hay otros 16.500 ciudadanos esperando una solución que el Consistorio no acaba de rematar. Entre las peticiones que se han hecho al Consistorio, y a la comisión formada por el Ayuntamiento y Junta de Andalucía para dar solución al «carpetazo» del Supremo, está que se salvaguarde a los «terceros de buena fe», que son aquellos propietarios que adquirieron estos inmuebles ajenos a la corrupción que imperaba en Marbella y que ahora se ven con un domicilio ilegal lleno de incertidumbre.

Por su parte, desde la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial se señala directamente a la Junta de Andalucía como administración que debe solucionar el problema. En este sentido, el presidente de este colectivo, Ricardo Arranz, ha señalado que hace falta un legislación autonómica que regule la situación de estas viviendas y recordaba precedentes en la propia autonomía, como cuando bajo un polémico decreto el gobierno andaluz legalizó de un plumazo todas las viviendas ilegales que había diseminadas por los campos de la región. 

Pero estos no son los únicos vips que han tenido problemas por culpa de la corrupción que acosó Marbella durante la época de Gil y Gil. Sergio Ramos fue otro de los hostigados, aunque salió indemne y pudo inaugurar su proyecto. El jugador del Real Madrid decidió invertir en un aparcamiento en Marbella en un antiguo campo de fútbol. El problema surgió cuando se descubrió que los terrenos habían sido cedidos por la Junta de Andalucía para uso deportivo. En su lugar el Ayuntamiento de Jesús Gil había decidido construir más viviendas de la mano de Ávila Rojas, condenado a casi cuatro años de prisión por «Malaya».