Los antiguos responsables de Urbanismo de Málaga afirman al juez que sufrieron injerencias políticas

Los antiguos responsables de Urbanismo narraron este martes ante el juez las supuestas injerencias políticas sufridas en la tramitación de expedientes de «Villa del Arenal» por parte de dos concejales de Málaga y del gerente de Urbanismo. Ante el magistrado volvieron a decir que habían recibido esas «injerencias» en el desarrollo de su función pública en el Ayuntamiento de Málaga.

Esta es la versión dada, al menos, por la antigua jefa del departamento de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, y por la que fuese responsable del servicio jurídico de Inspección, Esther Sedano. En esta segunda jornada de declaración se sentó también ante el juez el exjefe de la sección técnica del servicio de Inspección, Alberto Íñiguez, y el exjefe de negociado administrativo de Inspección Salvador Romero.

Como testigos en este caso, han mantenido en sede judicial las declaraciones que ya dieron en la comisión de investigación municipal. Allí dijeron que fueron presionados para «dejar morir» los expedientes urbanísticos de este residencial. Aquellas primeras declaraciones ante los grupos políticos acabaron con la edil Teresa Porras, tercera en las listas de Francisco de la Torre para la Alcaldía, y el concejal Francisco Pomares, séptimo del PP en la candidatura a las municipales, denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por varios delitos, junto al gerente de Urbanismo, José Cardador.

En base a aquello el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga trata de aclarar si se produjeron las citadas «injerencias políticas» en el trabajo de estos funcionarios, que declararon durante toda la mañana . Días después de que lo hicieran los tres investigados en este caso y que el fiscal rebajara los delitos de los que se les acusa, como ya informó ABC.

La primera tanda de declaraciones se saldó con que a Teresa Porras se le descargó del ilícito de malversación de fondos públicos y también del delito falsedad documental, al haberse probado que la modificación en el expediente en el que se sustentaba este último delito correspondía a un error. Por su parte, a Francisco Pomares y a José Cardador se les quitó el delito de malversación de fondos. Esto supuso un pinchazo al caso «Villas del Arenal», cuyas imputaciones fueron el motivo enarbolado por Ciudadanos para romper el pacto de investidura con Francisco de la Torre.

A Pomares y Cardador la Fiscalía les mantiene investigados por prevaricación por omisión , tráfico de influencias y falsedad en documento oficial. Por su parte, a Porras la imputación es por prevaricación por omisión y tráfico de influencias .