Seguridad

Un juzgado investigará la falta de chalecos para policía de Málaga tras la muerte de un agente

Admite una querella de la UFP contra el comisario provincial, Pedro Garijo

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Habrá investigación. El juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha admitido a trámite la querella contra el comisario provincial de Málaga, Pedro Garaijo, por un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo relacionado con la falta de chalecos protectores para los agentes y que interpuso la Unión Federal de Policía (UFP) tras la muerte del agente Francisco Enrique Díaz Jiménez.

Según ha podido saber este periódico, la autoridad judicial citará en las próximas semanas a diversos testigos después de admitir a trámite la querella interpuesta por la UFP.

El origen de la misma se encuentra en el fallecimiento por apuñalamiento del agente Francisco Enrique Díaz Jiménez, homenajeado el pasado mes de julio. Este policía, perteneciente a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), fue atacado con un arma blanca porn el indigente Stefan Reinert, que acumulaba un largo historial delictivo.

El equipamiento con el que contana Francisco fue duramente criticado por los compañeros, que llegaron a comentar que había decenas de chalecos antotraumas y antibalas en la Comisaría y no se repartían.

La Unión Federal de Policía, a finales del pasado año, alertó de deficiencias en este sentido y en un escrito remitido por su delegado de riesgos laborales en Andalucía oriental focaliza esta situación en los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Málaga.

El documento, enviado el 2 de diciembre, y que no obtuvo respuesta, alertaba de la falta de cascos de motocicletas, guantes, pantalones o botas; haciendo hincapié en la escasez de chalecos antitraumas y antibalas.

Eran varios los compañeros del fallecido que, en las horas posteriores al crimen de Francisco Enrique, se sumaban a estas quejas y que en el anonimato pedían medios que limiten los riesgos intrínsecos a su trabajo.

Una situación que llevó al citado sindicato a interponer una querella por vulneración de la normativa de riesgos laborales que ha sido admitida a trámite.

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