CASO MATINSREG

La Fiscalia exonera al exalcalde Fernández de Moya del presunto fraude millonario al Ayuntamiento de Jaén

El ministerio público solicita cárcel para dos exconcejales del PP y varios empresarios por las facturas infladas

El exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, durante el juicio Manuel Miró

Javier López

Las conclusiones finales del ministerio público en el juicio del caso Matinsreg, derivado de un presunto fraude millonario al Ayuntamiento de Jaén, no modifican sustancialmente su criterio inicial. El fiscal exculpa al exalcalde y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya , de la presunta trama de las facturas infladas presentadas en 2012 por la empresa concesionaria del servicio de fuentes públicas y semáforos.

Según el fiscal, el juicio no ha probado la participación de Fernández de Moya en la trama urdida por empresarios para defraudar al Ayuntamiento casi 5 millones de euro s al presentar para el cobro facturas manipuladas que reflejaban incrementos artificiales que superaban ampliamente el margen lícito de beneficio. En opinión del ministerio público, el exalcalde ni ha tenido que ver con la facturación ni se ha acreditado que conociera los hechos.

El fiscal ha admitido la posibilidad de que el entonces alcalde no actuara de manera diligente, pero esto no es suficiente, a su juicio, como para pedir una condena por omisión, criterio que no comparten las acusaciones, ejercidas por el Ayuntamiento de Jaén y por el PSOE, que en sus conclusiones definitivas han solicitado condenas de cárcel para el exdirigente popular , que ejercía como alcalde de la capital jiennense durante el período investigado.

Para el resto de los acusados, excepto para la única mujer encausada, el fiscal sí ha solicitado a la sección tercera de la Audiencia de Jaén penas de cárcel por su presunta relación con la trama fraudulenta. En concreto, ha pedido 8 años de cárcel y 15 de inhabilitación para los exconcejales del PP Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Mora l, a los que acusa de un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro de malversación y de cohecho.

La fiscalía pide para el técnico municipal que validó con su firma las facturas infladas siete años de cárcel y tres para la persona que realizó las facturas y las presentó para el cobro al Ayuntamiento a instancias de los empresarios a los que atribuye la facturación falsa. Para dos de ellos solicita una pena de siete años de cárcel , en tanto que para el gerente de Mantinsreg, que reconoció los hechos, dos años por malversación y uno y medio por falsedad documental.

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