El Ayuntamiento de Jaén pide 6 años de cárcel para el exalcalde de la ciudad José Enrique Fernández de Moya

El exsecretario de Estado de Hacienda y exalcalde de Jaén José Enrique Fernández de Moya se enfrenta a la petición de 6 años de cárcel solicitada por el Ayuntamiento que rigió entre 2011 y 2015. El consistorio, gobernado por el PP, la formación política a la que pertenece el investigado, ejerce una de las acusaciones en el caso Matinsreg, que instruye un juzgado por el presunto quebranto de 4,1 millones de euros al erario municipal.

El juez investiga a Fernández de Moya y a otras 8 personas más por el presunto fraude a las arcas públicas relacionado con la empresa zamorana Matinsrerg, a la que presuntamente abonó el Ayuntamientos facturas ilegales por el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad. Junto al exdirigente popular se sentarán previsiblemente en el banquillo dos de sus anteriores concejales: Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral .

La asesoría jurídica municipal ha solicitado también al juez que condene a nueve años de inhabilitación para desempeño de cargo público a Fernández de Moya. El consistorio justifica su petición en la presunta prevaricación perpetrada por el entonces alcalde, al que responsabiliza también de un delito de fraude y otro de exacción fiscal al permitir supuestamente que la empresa cobrara de más.

Precisamente, el juez ha reflejado en la instrucción de la causa el informe llevado a cabo por la Guardia Civil que revela el incremento del precio real de las facturas presentadas por la empresa, que comenzó a prestar sus servicios en agosto de 2012 tras la firma de un escrito firmado por la entonces alcaldesa accidental, Rosa Cárdenas , a la que la justicia ha exonerado por considerar que no participó en la presunta trama.

El consistorio coincide con el juez en que Cárdenas ignoraba que con su firma propiciaba que la empresa cometiera un fraude. Otro criterio tiene la asesoría jurídica respecto a los entonces también concejales García Anguita y Del Moral, a los que, en base a los autos judiciales, considera que cometieron diversos delitos, de algunos de los cuales también responsabiliza a 5 empresarios investigados y al técnico municipal que validó las facturas.

La asesoría jurídica, además de penas de prisión, pide que los acusados paguen conjuntamente al Ayuntamiento la cantidad defraudada con la actividad presuntamente ilícita, que fue denunciada por el grupo municipal socialista, que en su escrito de calificación pide 11 años de cárcel por delitos de malversación continuada, prevaricación y cohecho para Fernández de Moya.