Primera condena en Huelva por tráfico de personas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a cinco años de cárcel por trata de seres humanos a un ciudadano de nacionalidad nigeriana, cuya identidad responde a las iniciales B.A., que suma otros dos años de cárcel por un delito de explotación sexual en su modalidad de prostitución coactiva. Además, le impone la prohibición de comunicación y alejamiento respecto de la víctima y sendas indemnizaciones a la misma de 25.000 euros por los perjuicios económicos y de 12.000 euros por los perjuicios morales.

Se trata de la primera condena por tráfico de personas en Huelva, cuya víctima, también de nacionalidad nigeriana , fue captada en su país de origen, fue objeto del ritual conocido com o vudú y trasladada posteriormente a España tras hacer una travesía que la llevó Libia e Italia .

La mujer, a la que se le hizo documentación falsa para atravesar parte de áfrica y llegar a Europa, quedó sometida por el acusado, según ha informado la Fiscalía de Huelva, quien le impuso de forma coactiva la obligación de ejercer la prostitución en la ciudad de Huelva para pagarle la cantidad de 30.000 euros como precio de rescate , además de recibir amenazas contra su familia.

El caso se inició como consecuencia de una llamada ciudadana al Teléfono Contra la Trata (900 10 50 90) y fue objeto de una exhaustiva y eficaz investigación por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía , quien además ejerció desde el primer momento labores de tutela y protección de la víctima quien fue acompañada durante todo el proceso por personal especializado de una ONG.

La investigación judicial corrió a cargo del Instrucción 3 de Huelva. Tras el juicio, celebrado el pasado febrero, se trata de la primera sentencia dictada en Huelva en materia de trata de seres humanos.

Para la Fiscalía Provincial de Huelva es «una manifestación exitosa de la creciente presión institucional ejercida por todos los poderes públicos y colectivos implicados contra esta forma degradante de criminalidad».